El juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli investigan el contrato para la construcción de un acueducto y la instalación de una planta potabilizadora en las provincias de Chubut y Santa Cruz. La investigación estuvo a cargo de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Unidad de Auditoría Interna del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA).
Así, Cristóbal López, sumó un expediente más en los tribunales y complicó la venta del Grupo Indalo por las trabas de la justicia y de la AFIP. Como se sabe, habría evadido el pago de unos 8 mil millones.
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El empresario pasó de tener 9 compañías a integrar 170 sociedades con activos por 1.000 millones de dólares.
Ahora, deberá esperar una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para saber si desarma el entramado de empresas que levantó en poco tiempo. El Máximo Tribunal se apresta a fallar sobre el concurso de acreedores que impulsa el empresario para Oil Combustibles.
