Desde abril de este año, cuando el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, ordenó avanzar con el ajuste salarial, EPEC viene siendo eje de numerosas controversias.
Ahora quedan en la mira incorporaciones de los últimos meses, que se habrían producido pese a la ley sancionada en mayo que impone los ingresos por concurso en todo el ámbito del estado provincial, incluída la Empresa Provincial de Energía de Córdoba.
Esta norma apuntaba especialmente contra el gremio Luz y Fuerza, que históricamente dominaba la selección de personal, priorizando en muchos casos a familiares de su plantel.
+ MIRÁ MÁS: El fuerte recorte en los sueldos de los empleados de EPEC
Según denunció el legislador del Frente Cívico Juan Pablo Quinteros y el sindicato, en al menos un sector de la empresa, la Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones, ingresaron ocho nuevos empleados de manera irregular.
La mayoría de ellos son ex trabajadores de la ex Kolektor, la empresa que tiene la concesión del cobro de impuestos en la Provincia. De esa compañía viene el nuevo gerente del área, Luis María Balbuena, designado a mediados de este año en lugar de Héctor Tosco, hijo del histórico dirigente Agustín Tosco.
+ MIRÁ MÁS: Cámaras empresarias piden una auditoría externa en EPEC
Entre los flamantes colaboradores de EPEC hay una mujer que en el expediente oficial que solicita su incorporación destaca antecedentes como "instructora de pilates".
Ante esta situación, Quinteros presentó un pedido de informes sobre las incorporaciones, afirmando que las autoridades de la empresa deberían ofrecer explicaciones formales. Según su mirada, si las incorporaciones fueran realmente necesarias, teniendo EPEC alrededor de 4 mil empleados, esto demostraría que capacitó "pésimamente" mal a su personal durante los últimos 20 años.
Controversia por cambios en otra gerencia
Por otra parte, Luz y Fuerza rechazó el reciente desplazamiento de la cúpula de la Gerencia Comercial. Para el sindicato, los cuatro empleados reubicados son los "chivos expiatorios" de las autoridades por los errores de facturación que, de acuerdo a la posición gremial, superan a la media histórica desde que tercerizó la tarea de relevar la información de los medidores.
