El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación avaló la compra de alimentos en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio, a pesar de que superaban los precios testigo de la Sindicatura General de la Nación.
El presidente Alberto Fernández defendió a Daniel Arroyo, titular de esa cartera nacional, asegurando que creía en su honestidad. "Las empresas se plantaron y no quisieron bajar los precios y tuvo que enfrentar el dilema de: alimentar a la gente o pagar esos precios, y eligió lo primero", manifestó.
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Un día después de la polémica, el ministro Arroyo echó a Gonzalo Calvo, el responsable de la Secretaría de Articulación de la Política Social. Se trata del área que autorizó la compra de aceite (entre 157,80 y 166,58 cada botella en lugar de 131 pesos) y azúcar (74,97 y 75,20 en lugar del precio testigo 58,49 pesos) pagando sobreprecios.
Gonzalo Calvo había sido investigado por corrupción hace un año cuando trabajaba en la Secretaría de Seguridad de la localidad bonaerense de Almirante Brown.
Una cámara registró cuando cobraba una presunta coima a una empresa de seguridad privada. Ante la difusión de las imágenes, renunció a su cargo.