“Cuando se trae un celular del exterior y no se declara, se convierte en ilegal”, explicó el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Miguel de Godoy, en diálogo con TN.
Esta precisión pone en alerta a muchos argentinos que adquirieron teléfonos por fuera de los canales oficiales: comprándolos en otro país para usarlos en la Argentina o en comercios que venden de manera ilegal por contrabando, siendo esta última la gran vía (80 por ciento de los casos).
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Por esta razón, el Gobierno Nacional levantó las antenas y piensa en implementar a partir de 2018 un sistema de “lista negra ampliada” para impedir usar en Argentina todo tipo de equipos que hayan sido ingresados de manera irregular.
Por el momento, la medida afectará a los teléfonos comprados desde el momento en que le norma entra en vigencia (no así a los ya ingresados y en funcionamiento).
El objetivo apunta a desbaratar el negocio de contrabandistas y ladrones de celulares. Por eso, armarán una base de datos con los códigos de IMEI -que sería como el documento que identifica a los celulares- habilitados para funcionar en el país y bloquearán a todo el resto. Esto también apunta a los viajeros que se olvidan de declararlos para evitar pagar los aranceles.
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Un negocio que se duplica año a año. A la Argentina entran 7.700 celulares por día, 320 por hora o 5 por minuto. Esto significa que las compras “por izquierda” aumentaron de manera desmedida y representan una pérdida millonaria para el Estado: estiman cerca de mil millones de dólares.
Tierra del Fuego, donde están las industrias de teléfonos, se vieron afectados por este mercado: creen que ingresan tres millones por año. Esto sin contar los iPhone.
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“Sólo iPhones se cuentan 300 mil por año y ya hay funcionando 1.100.000 acá, casi todos traídos de manera informal”, explicó Enrique Carrier, experto en telecomunicaciones a Clarín.