Durante más de dos años, el Gobierno de Cristina Kirchner ocultó y luego borró información sobre las cuentas bancarias que tenía Lázaro Báez en Estados Unidos y las transacciones millonarias realizadas por el empresario y su familia.
Los datos comenzaron a llegar en octubre de 2013 y siguieron hasta hace un año, según publica el diario Clarín. Fueron decenas de mails y documentos enviados por un estudio de abogados contratado por el gobierno para defender los intereses del estado argentino en los juicios iniciados por los fondos buitre.
La información fue borrada de las computadoras de la Procuración del Tesoro y la ex titular del organismo, Angelina Abbona, tuvo que devolver el disco rígido de su computadora a la nueva administración. Según la ex funcionaria, muy cercana al ex secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini, se lo había llevado a su casa para hacer una copia de los archivos.
La nueva gestión de Cambiemos recuperó parte de los correos electrónicos y los envió a la Justicia. A raíz del escándalo, ya tomaron intervención varios organismos oficiales como el Ministerio de Hacienda y la Unidad de Información Financiera (UIF), que el viernes solicitó la detención de los cuatro hijos de Lázaro Báez.
Se estima que los datos borrados corresponden a los movimientos de las 123 empresas que se le adjudican al empresario detenido y su familia.