El Gobierno Nacional anunció que los funcionarios del ejecutivo (presidentes, ministros, secretarios, subsecretarios, directores y encargados de entes reguladores) que ocuparon cargos desde 2011 en adelante, no entrarán al blanqueo de capitales.
Ante la polémica desatada por la última declaración jurada del presidente Mauricio Macri, el proyecto fue modificado a último momento antes de ser enviado al Congreso para su debate.
Al parecer, el Gobierno evitaría enfrentarse a que la ley sea rechazada por el radicalismo y la Coalición Cívica, con Elisa Carrió a la cabeza.
De esta forma, cumplen con el pedido de la Junta Nacional de la Coalición Cívica ARI, donde se afirma que “los funcionarios de los tres poderes del Estado y de todos los niveles de administración, así como los contratistas y concesionarios del Estado y las personas imputadas en delitos con la administración pública, deben quedar excluidas del beneficio de la Ley de Blanqueo propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional, ya que constituiría un acuerdo de impunidad”.