El Gobierno Nacional quiere recortar el gasto y la situación judicial de Amado Boudou se complica cada vez más. Ese combo motivó la apelación del Estado Nacional para que el ex vicepresidente no cobre los 180 mil pesos mensuales de pensión.
La apelación es contra la medida de la jueza federal de seguridad social, Ana María Rojas, que días atrás impuso un plazo de 20 días para que la ANSeS se expida sobre el amparo de Boudou. Éste había reclamado a fines del 2015 cobrar la pensión y, ahora, el Estado intenta dejar en suspenso esa decisión.
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El argumento de la Oficina Anticorrupción (OA), liderada por Laura Alonso, pone en duda el derecho de Boudou a cobrar “ante la inminencia de una posible condena en el juicio por Ciccone, antes de la feria judicial”.
La sentencia por la calcográfica que el también ex ministro de Economía habría intentado manejar se conocerá el 7 de agosto. Está acusado de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública y la OA, que oficia como querellante, pidió una condena de cinco años y medio de cárcel, una multa de 90 mil pesos y la inhabilitación permanente para ocupar cargos públicos.