Tal como mostraron los noticieros de El Doce apenas detuvieron a Marcelo Balcedo, el gremialista cuya fortuna asombró e indignó al país, son múltiples las víctimas de los juicios-aprietes que realizaba el Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME) para financiarse.
Un relevamiento del diario La Nación confirmó que son más de 2.000 las causas iniciadas por el gremio en todo el país contra escuelas privadas. El modus operandi era reclamar el pago de un "aporte solidario" de entre 36 mil y 66 mil pesos a través de cartas documento.
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Ante la rotunda negativa de los perjudicados, en varias oportunidades terminaron en juicios y cuentas bancarias embargadas. Mientras ese proceso avanzaba, también había amenazas telefónicas para exigir el pago de decenas de miles de pesos.
En Córdoba se registraron unos 40 casos. Las localidades son variadas, entre ellas La Falda (adonde inclusive se pagó para cerrar el conflicto), Río Cuarto y Oncativo.
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“Acá limpian los papás. Nunca apareció el acta firmada de la supuesta inspección; en 2014 el gremio convoca a una reunión en CABA pero por problemas de salud la representante legal no fue y en 2015 llegó un embargo de las cuentas y, en noviembre, la notificación de que se procederá al remate”, graficó Rubén Capodaqua, de la escuela especial Fray Mamerto Esquiú de Oncativo. “Desde Buenos Aires llamó una mujer y me dijo: 'Ustedes no saben con quién se meten por no pagar, vamos a abrir una oficina en Córdoba porque tenemos muchos casos iguales'", agregó.
Actas sospechosas
En la mayoría de los casos denunciados, las actas están firmadas por la misma persona, aunque por las fechas es casi imposible recorrer los lugares demandados, ubicados en distintas ciudades. Además, en todos los casos se argumenta que las instituciones no dejaron entrar al inspector.
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