El Gobierno Nacional desconoció un fallo de la Corte Suprema de Justicia y generó un fuerte rechazo en la oposición. La exdiputada de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, avanzó en el plano judicial y denunció penalmente al presidente Alberto Fernández.
La presentación de Carrió además alcanzó al ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, el ministro de Economía, Sergio Massa, y el jefe de Gabinete, Juan Manzur. También apuntó al gobernador de Chaco, Jorge Capitanich.
En la denuncia, la exdiputada acusó al jefe de Estado por desobediencia judicial, alzamiento, abuso de autoridad e incumplimiento en los deberes de funcionario público.
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Fernández y los funcionarios son acusados por no acatar el fallo de la Corte sobre un porcentaje de coparticipación que la Nación debe devolverle a la Ciudad de Buenos Aires.
Además de Carrió, la denuncia lleva la firma del presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, y legisladores nacionales y porteños.
Con respecto al gobernador Capitanich, los opositores lo acusaron de instigar al Presidente de la Nación a alzarse en contra de la resolución del máximo tribunal de Justicia.
Fuerte repudio opositor
La mesa nacional de Juntos por el Cambio (JxC) expresó un contundente repudio a la decisión del Gobierno Nacional. A su vez, trascendió que el bloque de diputados de la UCR, presidido por Mario Negri, analiza pedir el juicio político para Alberto Fernández.
En un comunicado, JxC remarcó: "Queremos expresar nuestro más enérgico repudio y profunda preocupación por la explícita desobediencia del presidente Alberto Fernández ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".
"No se puede elegir si la Constitución se cumple o no. Un fallo de la Corte en esta materia es la última palabra de la legalidad", agregó.
El texto siguió de la siguiente manera:
"Desde Juntos por el Cambio no vamos a admitir vivir en un país en que la ley sea optativa. La ley debe ser cumplida por todos y principalmente por aquellos que ejercen el poder y deben dar el ejemplo. Poner en tela de juicio la Constitución desde la cúspide del poder político no solo pone en peligro el funcionamiento de las instituciones, sino también la seguridad jurídica y contractual de todos los argentinos.
El incumplimiento de lo dispuesto por la Corte por parte del Gobierno Nacional representa un conflicto insitucional y de poderes sin precedentes en la historia de nuestro país.
Tenemos que decirle basta al atropello constante del kirchnerismo a las instituciones. No es opcional acatar un fallo de la Justicia, es esencial para convivir en sociedad y en estado de derecho.
Abandonar estos principios es la antesala a poner en juego la República y la democracia. Es hora de terminar con la impunidad y los privilegios en la Argentina".
