Una insólita iniciativa presentada por el Partido Justicialista fue aprobada por el máximo organismo de Santa Rosa, Mendoza, convirtiendo a los puestos de trabajo de los municipales en un derecho para sus familiares. Concretamente, la norma plantea que en caso de jubilación o fallecimiento, la municipalidad deba otorgarle trabajo a un familiar directo de esa persona.
Lo cierto es que tremenda decisión fue vetada por la intendenta, Norma Trigo, perteneciente a Cambiemos. Trigo la calificó como "demagógica" y sumó argumentos en su contra. “No estamos en condiciones de seguir pagando empleados públicos y seguir gastando gran parte del presupuesto en sueldos. Eso no nos permite avanzar en obras o cumplir con todos los requisitos que necesita Santa Rosa”, manifestó.
La ciudad, ubicada a 80 km de la capital mendocina, que cuenta con tan sólo 17 mil habitantes, tiene 1600 empleados públicos. La intendenta también planteó que esta estructura es excesiva y lanzó duras críticas a la oposición.
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"Es un municipio que con 600 empleados se podría manejar completamente y de forma correcta. La ordenanza no es otra cosa distinta a la locura que siempre tuvo la oposición y se hizo de forma demagógica porque el 10 por ciento de la población del municipio vive del empleo público", sentenció.
El autor del proyecto, el concejal del PJ Marcial Ibarra, dijo que el proyecto buscaba “resguardar la calidad de vida de la familia estatal” y manifestó que hay consenso para insistir con su propuesta y volver a tratarla.
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Hasta la aprobación de la ordenanza, el acceso a un cargo municipal no estaba regulado y se conseguía por relaciones políticas. Este es uno de los argumentos usados por los defensores de la idea, que plantean que es una manera de garantizar de que “más allá de quién gobierne, la familia de los estatales tengan garantizado su ingreso”, según las propias palabras de Ibarra.