La fiscalía federal de San Isidro aceptó la propuesta del presidente Alberto Fernández de cerrar la causa por la fiesta de Olivos mediante una reparación económica. El mandatario tendría que efectuar una "donación" de 1,6 millones de pesos.
A esto se sumarían 1,4 millones de pesos que deberían ser aportados por la primera dama, Fabiola Yáñez, quien también está implicada. Sin embargo, por estar desempleada se especula con que Fernández tendría que hacerse cargo del total. En la presentación ante la Justicia solo se habló de “ayuda económica familiar”.
De ratificarse la postura del fiscal, el presidente tendría un plazo de diez días hábiles para efectuar el depósito. Según dijo a Infobae, el mandatario evalúa pedir un crédito. También considera vender algún bien a su nombre, aunque eso le llevaría más tiempo.
Reparación económica
Lo que el presidente señaló como una “donación” es en realidad una reparación económica, prevista en el artículo 5 del Código Penal. Se trata de un recurso que le permitiría evitar la indagatoria por haber violado las restricciones impuestas por el mismo Ejecutivo durante la pandemia.
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En su resolución el fiscal a cargo de la causa, Fernando Dominguez, catalogó al monto de “razonable”. Además, sugirió que sea destinado la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán.
Detalló: “Cubriría el precio de un respirador para ser utilizado en módulos de atención UCI de pacientes con COVID 19, o un total de cuarenta días de internación en módulo de atención UCI con ARM de paciente con COVID 19″. Y especificó que “no es para que el Malbrán compre un respirador o solvente una internación, puede aplicarlo a sus tareas”.
Homologación
El acuerdo aún debe ser homologado por el juez federal Lino Mirabelli. El magistrado también debería decidir qué hospital público recibiría el dinero.
La propuesta de Fernández solo fue objetada por el abogado Aleandro Sarubbi Benitez, quien denunció la Fiesta de Olivos ante la Justicia. “El ofrecido es dinero obtenido de la función pública, y resulta por demás irrazonable que se ofrezcan a reparar económicamente sus delitos con dinero obtenido del bolsillo de los propios damnificados”, argumentó.