Las intensas movidas tribunalicias en la Justicia Federal de Córdoba no se someten a aislamiento ni se calman con la feria de cuarentena dispuesta por la Corte Suprema.
Los cruces pasan ahora por la jubilación del fiscal federal Gustavo Vidal Lascano, que incluyen planteos concretos de nulidad por parte de abogados de la causa de las financieras de Villa Belgrano, conocida como la “banda de los chetos, que podrían extenderse a otro caso con muchos millones en juego, el de supuesto lavado de dinero de los directivos de Luz y Fuerza Córdoba.
En febrero, Vidal Lascano –al igual que los fiscales Alberto Lozada y Graciela López de Filoñuk– presentaron sus dimisiones para acogerse a la jubilación, antes de que entrarán en vigencia las modificaciones al régimen previsional de magistrados.
Pero el jefe de los fiscales federales, el procurador general Eduardo Casal, dispuso que siguieran en sus cargos hasta tanto se terminase el largo proceso de designación de los sucesores.
Ante esto, hubo una serie de resoluciones, en especial los procesamientos en la causa de las financieras, que tiene como detenidos a Martín Azar y Diego Sánchez, y acusados a Miguel Ángel Azar y María Isabel Valoni, entre otros.
En el Boletín Oficial del 6 de abril, se publicó un decreto presidencial que acepta la renuncia de Vidal Lascano con fecha retroactiva a cuando la presentó, el 28 de febrero.
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Pero nada indica sobre aquella disposición del procurador general para que siguiesen en sus cargos.
Ante ello, se desata la controversia respecto a cuándo se hace efectivo ese retiro. Abogados en la causa de las financieras entienden que el procesamiento es nulo.
Para el fiscal, el decreto presidencial no cambia para nada la decisión de Casal de que sigan en sus casos.
La otra causa
La controversia, en una primera etapa, la debe resolver el juez federal Miguel Vaca Narvaja, pese a que el magistrado de la causa es Alejandro Sánchez Freytes, que está de feria.
Ahí es cuando comienza a tallar otro millonario caso, que es la investigación por supuesta asociación ilícita, lavado de dinero y otros delitos de los directivos de Luz y Fuerza.
Es que abogados de esa causa, envalentonados con el cambio de magistrado por afinidad política, analizan planteos de nulidad similares.
