Cristina Kirchner escuchó el veredicto desde su despacho en el Congreso de la Nación. El Tribunal Oral Federal N°2 la condenó a seis años de prisión por administración fraudulenta al ser considerada la principal acusada en la causa vialidad. También quedó inhabilitada de forma perpetua para ejercer cargos públicos.
A través de una transmisión en vivo, la vicepresidenta rechazó la condena y apuntó a una “mafia judicial”. Además adelantó que en el 2023 “no será candidata a nada” y fue desafiante: “Métanme presa”.
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Dada la magnitud del caso, los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu adelantaron algunas consideraciones que estarán desarrolladas a partir del 9 de marzo del próximo año en los fundamentos, que apuntan centralmente a describir una matriz de corrupción basada en una relación tan íntima entre los funcionarios y la empresa de Lázaro Báez al punto que las decisiones de la compañía las tomaban en las más altas esferas del Ejecutivo.
En Arriba Córdoba, el periodista Roberto Battaglino desarrolló punto por punto los argumentos que el Tribunal anticipó de los fundamentos de la sentencia:
- Evaluaron un perjuicio por 84 mil millones de pesos. Analizan un decomiso de bienes y propiedades que tienen los condenados con el objetivo de ser recuperados para el Estado.
- Describieron como una “extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional”. Es decir, no fue un hecho aislado de corrupción.
- “Cristina Fernández tuvo un interés manifiesto sobre el plan criminal”.
- “Hizo llamativos y groseros aportes personales en la estrategia criminal”. No era ajena, estaba interesada en esas obras que se adjudicaban a Santa Cruz a través de la obra pública.
- José López fue intermediario para el operativo limpieza.
- Se detectaron “vínculos promiscuos y corruptos entre funcionarios de la administración pública (nacional y provincial) y las empresas contratistas”. Eran prácticamente la misma cosa.
- “Un hecho inédito en la historia del país pues se ha acreditado que ciertas decisiones trascendentales del grupo empresarial fueron adoptadas siguiéndose órdenes expresas de los más altos integrantes del Ejecutivo nacional”.
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