En un acto realizado en el Salón de las Mujeres de Casa Rosada, el Gobierno nacional promulgó la Ley de Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial, la cual había logrado la aprobación en la Cámara de Diputados hace tres semanas.
Alberto Fernández encabezó el acto y estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas y representantes del sector. "Me toca promulgarla y es un día de alegría", manifestó el presidente al tomar la palabra.
Por otro lado, el mandatario afirmó que la ley “es otro triunfo de la sociedad contra la hipocresía”. “El cannabis era para gran parte de la sociedad una palabra prohibida, pero las voces de unas madres llamaron la atención de muchos. Podían resolver los problemas de la gente”, agregó en ese sentido.
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Antes de Fernández, habló Kulfas, quien dijo que la promulgación generará el marco adecuado para fundar “una nueva industria” con calidad productiva, trazabilidad y generar desarrollo regional en muchas provincias de la Argentina.
"Fue un proyecto basado en la experiencia internacional que hoy llega a un punto de promulgación y vamos al paso de ponerlo en marcha. Va a tener las capacidades para establecer las licencias de producción e importación", anticipó el funcionario nacional.
Las claves de la nueva ley
- Crea un marco regulatorio de la cadena de producción, industrialización y comercialización de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados para uso industrial y/o medicinal, incluyendo la investigación científica, con vistas a satisfacer el mercado local y generar exportaciones.
- Establece un marco legal que autorice las etapas de siembra, cultivo, cosecha, producción, almacenamiento, transporte, comercialización, importación, exportación y posesión de semillas de cannabis, de la planta de cannabis, y sus derivados.
- Posibilita y fomenta los proyectos de inversión pública, privada o mixta en los distintos segmentos de la cadena sectorial del cannabis medicinal.
- Dirige el otorgamiento (y posterior control) de las licencias a una serie de eslabones productivos de mayor escala y formalidad jurídica (empresas privadas, empresas públicas, consorcios mixtos, asociaciones civiles, cooperativas, etc.).
- Se creará una agencia reguladora, un nuevo actor público, que oficiará como órgano rector y articulador de la cadena productiva del cannabis y tendrá a su cargo las múltiples instancias de regulación involucradas.
- Se contempla un régimen sancionatorio por incumplimientos a las disposiciones y/o a las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, con sanciones que van desde el apercibimiento a la inhabilitación para operar en los plazos que se prevean, pasando por la multa, la suspensión y la caducidad de la autorización.
