Hace menos de una semana que los tres jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación votaron a favor del fallo del 2x1, por el beneficio que le otorgaron a un condenado por delitos de lesa humanidad.
Inmediatamente fueron cuestionados por organismos de Derechos Humanos, como la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien calificó el hecho como “abominable”. Marcos Peña, en representación del Gobierno Nacional, aseguró que lo rechazaban y lo consideraban como “un símbolo de impunidad”.
Luego de estas presentaciones en su contra, como las demandas internacionales y la denuncia penal en Comodoro Py, provocó que el fiscal Guillermo Marijuán hiciera una presentación e imputara a Horacio Rosatti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz, los tres magistrados del máximo tribunal por pronunciarse a favor.
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El fiscal en su dictamen argumentó que esta decisión podría “contrariar el contrato social de los argentinos y la política de estado sostenida por sus tres poderes para perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar de nuestro país”.
