En medio del polémico acuerdo entre el Correo Argentino y el Estado para saldar la multimillonaria deuda de la empresa que pertenece a Franco Macri, el padre del Presidente, el procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Balbín, ordenó una investigación para esclarecer el caso.
Por eso decidió que se lleve adelante un sumario administrativo sobre el director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Carlos Mocoroa, quien se encargó de firmar ese pacto, considerado “abusivo” por parte de la fiscal Gabriela Boquín.
Además, el jefe de los abogados del Estado, solicitó una auditoría sobre los funcionarios públicos que actuaron desde 2001 hasta hoy, en este juicio entre la Nación y el Grupo Macri. El objetivo es conocer qué hizo cada una de las personas del Poder Ejecutivo que intervinieron en el juicio.
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De acuerdo a la resolución, el organismo se pronunció a raíz del dictamen que firmó el viernes pasado el fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, para evaluar la falta de competencia que tuvieron los funcionarios públicos del Ministerio de Comunicaciones que avalaron el convenio y la posible violación a la ley de Ética Pública.
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