El juez de Control Esteban Díaz Reyna confirmó este lunes el traspaso a la Justicia Federal de una investigación en la que están imputados los líderes del Surrbac. La causa era originalmente por administración fraudulenta y usura calificada, pero de acuerdo a un pedido de la fiscal Patricia García Ramírez, avalado ahora por el juez, se estudia la comisión de los delitos de lavado de activos e intermediación financiera, para los que se prevén penas más graves.
La operatoria que quedó en la mira se originó con los millonarios fondos de la mutual del gremio dirigido por Mauricio Saillén y Pascual Catrambone. Según la investigación, los sindicalistas habrían actuado personalmente o a través de allegados, como financistas de esos préstamos a los afiliados a tasas que multiplicaban las del mercado. Estos préstamos, no habilitados por la autoridad financiera, eran otorgados con el nombre de "Ayuda Económica Mutual". Las maniobras habrían sido diseñadas para reingresar fondos millonarios de origen ilícito en el circuito legal.
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Según el magistrado, "se trata de un proceso de reconversión del dinero proveniente de una actividad ilícita de propia mano, que desviando lo obtenido del provecho de los préstamos usurarios a partir de un momento que no ha podido ser precisado aún...". A su vez, Díaz Reyna mencionó informes que dan cuenta de un "crecimiento patrimonial desmedido, tanto de los inculpados como de su entorno familiar y de allegados, que no se compadece con los ingresos declarados".
Buena parte de la prueba de esta causa la aportó la intervención a la mutual, ordenada en mayo pasado por la fiscal García Ramírez. Allí se recolectó documentación sobre el fondeo por sumas millonarias que la cúpula del Surrbac manifestó haber aportado para la operatoria de los préstamos.
También apareció información sobre viajes al Caribe de varios integrantes del gremio de los recolectores financiados por la mutual, el alojamiento tanto de Saillén como de su mano derecha en la suite presidencial de un hotel de la ciudad de Buenos Aires a un costo de 40 mil pesos la noche a mediados del año pasado. Además, se recopiló información sobre el uso de los recursos de la institución para afrontar gastos personales, como los impuestos de autos y casas particulares y los aportes de empleadas domésticas.
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En esta causa, iniciada por un ex empleado de la Crese, Saillén, Catrambone y un ex tesorero de la mutual del Surrbac habían sido imputados hace dos años. Pero ahora, coincidiendo con la fiscal, el juez entiende que con las maniobras de presunto lavado de dinero existe una "indiscutible comunidad probatoria de la que no se puede prescindir en la valoración".
Con esta decisión, se confirma la incompetencia de la Justicia Provincial para avanzar en la investigación y se ordena que se remita la causa a la Justicia Federal. En ese ámbito, se abrirán ahora nuevos planteos procesales frente a los cuales, la defensa del líder sindical más poderoso de Córdoba se muestra optimista.
