Alejandra Gils Carbó, la Procuradora General de la Nación y férrea defensora del kirchnerismo, está más complicada que nunca. Este viernes, el juez Julián Ercolini confirmó el llamado a indagatoria para el último día de agosto.
La Justicia la acusa de los delitos de fraude contra la administración pública, abuso de autoridad, coimas, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública. Todo por la compra de un edificio en la calle Perón de la Ciudad de Buenos Aires.
Según informó Clarín, el juez apoyó su decisión ante dos inconsistencias: las gestiones que realizaron colaboradores de Gils Carbó con la inmobiliaria y el pago de exorbitantes comisiones a gestores e intermediarios supuestamente vinculados con allegados a la Procuradora.
En total, en la compra del inmueble se gastaron casi 44 millones de pesos. Las comisiones fueron superiores a los 10 millones.
El edificio que compró Gils Carbó.
