Ramón Mestre propuso realizar una consulta popular por la publicación de los horarios de asambleas y la información de los datos personales de los empleados municipales.
Esta idea había generado un conflicto gremial con el SUOEM y con el sindicalista, Rubén Daniele, a quien habían imputado por incitación a la violencia colectiva.
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Sin embargo, la Junta Electoral de Córdoba no hizo lugar a los pedidos del intendente, quien pretendía hacerla el 22 de octubre y la ley nacional excluye la realización de elecciones nacionales con consultas populares.
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Además, rechazaron otras 33 solicitudes de consultas populares simultáneas con la elección general de legisladores. Otros municipios del interior tampoco podrán conocer la opinión de los ciudadanos sobre el reparto de fondos nacionales.