La medida alcanza a los empleados de los tres poderes del Estado provincial y se basó en una acordada de la Corte de 20 años atrás. “Se decidió para revertir el continuo incremento de la presión fiscal”.
El gobierno pampeano, alejado de la gestión de Macri, cuestionó la aplicación del impuesto que no alcanza a los jueces. “Mantiene relativamente constante la presión fiscal sobre las personas jurídicas y beneficiarios de otras fuentes de renta, configurando un inequitativo y sesgado reparto de la carga tributaria", advirtió en un comunicado.
La polémica medida disparó la inmediata reacción el Ministerio de Hacienda. “Afecta la coparticipación” y fue considerada “inconstitucional por donde se lo mire”. Los funcionarios del Gobierno Nacional adelantaron que apelarán ante la Corte para que quede sin efecto.
En el Ejecutivo, creen que “se trata de un decreto que estaría avanzando sobre competencias del Congreso Nacional, una materia delegada a la Nación por las provincias".
