Lázaro Báez solicitó al juez federal Sebastián Casanello que investigue "a todos" los adjudicatarios de obras públicas en el país y a los "órganos del Estado" encargados de controlarlos, en el marco de la denominada causa de la "Ruta del dinero K".
En un escrito que presentaron sus abogados, el empresario le planteó a Casanello que si su intención es "cuestionar las políticas de Estado y/o de control adoptadas por los últimos gobiernos" tenga en cuenta que "los actores principales" son los funcionarios públicos "sobre quienes reposaba el deber de control".
Además, el ex amigo de los Kirchner pidió al juez y al fiscal Guillermo Marijuan que "sinceren el objeto del proceso si es que pretenden continuar con la inadmisible lógica de presunción de ilicitud general de mi patrimonio". Según Baéz, su familia es sometida a un "escarnio procesal" por la suposición de "supuestos e inexistentes sobreprecios en los contratos de la obra pública".
Mientras tanto, Marijuan volvió a viajar a Santa Cruz para encabezar nuevos operativos en más de 70 propiedades de la familia Báez. Tanto Lázaro como sus hijos Martín y Sebastián están procesados en la causa pero solo el padre y su contador, Daniel Pérez Gadín, tienen además prisión preventiva.
Por último, la Cámara Federal aceptó la audiencia personal solicitada por el empresario y lo convocó para el próximo lunes a las 11:15 horas.