Dos noticias complican la actividad sindical. Envuelta en los escándalos de corrupción que mantiene a varios sindicalistas detenidos, se supo que avanza una denuncia de la AFIP donde hay 17 procesados sospechosos y un prófugo.
En esta causa, se descubrió una banda que se dedicaba a emitir documentación apócrifa que era utilizado para el lavado de activos. Además, creaban sociedades en manos de personas indigentes sin capacidad económica que entregaban facturación electrónica falsa para que terceros evadan impuestos.
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La investigación compromete a varios sindicatos referentes de la CGT. Además, de los camioneros, gastronómicos y estaciones de servicio están en foco el de petroleros de Antonio Cassia.
Mientras tanto, el Gobierno sigue con su plan para quitarles el Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA) a las obras sociales. El subsidio lo reciben mediante la distribución automática de fondos. Este dinero surge del 5 por ciento de lo recaudado en concepto de Aportes y Contribuciones que van al Fondo Solidario de Redistribución, destinado a las obras sociales
Para 2018, le reducirán a la mitad estos subsidios y en 2019 buscaran eliminarlos por completo. Se da en medio de la pelea por las paritarias y la reforma laboral.