La crisis económica ya adquiría ribetes dramáticos promediando el año 2001 y la ley de convertibilidad impedía la impresión de billetes, por lo que el Estado nacional y varias provincias empezaron a imprimir bonos para paliar la emergencia.
Después de numerosas desmentidas por parte de funcionarios provinciales, Telenoche presentó una primicia a través del periodista Néstor Ghino: ya se había contratado la impresión de estos pseudobilletes en la Casa de Moneda de Chile. Finalmente, el gobierno de De la Sota se vio forzado a reconocer que se iban a lanzar bonos a los que se llamaría Lecor y se envió la ley a la Legislatura para aprobar la emisión de los billetes. El costo de la impresión en Chile fue considerado por la oposición como “vergonzoso”. Seis años después de la aparición de los Cecor, impresos durante el gobierno de Ramón Mestre, volvían las cuasimonedas a la provincia.
Aunque las primeras informaciones hablaban de la impresión de bonos por 100 millones de pesos, el gobierno dispuso imprimir por 300 millones de pesos que equivalían en ese momento a la misma cantidad de dólares. Rendían un 7% anual. Finalmente, a lo largo de todo el proceso terminaron siendo más de 800 millones los que entraron en circulación.
El capítulo chileno formó parte de otro escándalo que estalló tiempo después. A través de una investigación de Sergio Carreras, de La Voz, se supo que Olga Riutort, entonces secretaria general de la gobernación y esposa del gobernador José Manuel De la Sota, había viajado a Chile a retirar el primer cargamento de bonos (50 millones) y había sido demorada por la aduana de aquel país por no declarar la mercadería que llevaba a la Argentina.
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El informe señalaba que no estaba claro por qué ese procedimiento estuvo a cargo de esa funcionaria. El gobierno salió a explicar que había viajado a “controlar la calidad”. La polémica derivó en una denuncia judicial de Riutort contra el periodista, pero finalmente la causa nunca se activó y prescribió. Una de las especulaciones de aquella época era que podía existir alguna una vinculación del dinero con la campaña presidencial que en ese momento estaba lanzando De la Sota.
La implementación de los bonos tampoco estuvo ajena al debate: los dirigentes de la oposición, los economistas discutieron si ayudaban o no a revitalizar la economía que languidecía. Pero estaban todos de acuerdo en que se trataba de una medida de emergencia y no en una solución de fondo. La oposición, por su parte, señalaba que la medida desnudaba la crisis provincial derivada de que se gastaba por sobre sus posibilidades. El ministro de Finanzas de De la Sota era en ese momento Juan Schiaretti.
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Los perjudicados directos de toda esta estrategia fueron, sin duda, los empleados, jubilados y vecinos en general que recibieron los Lecor como pago de parte de sus haberes o salarios: solo los aceptaban a un valor semejante al peso en supermercados y algunos negocios, a veces solo por un porcentaje de la compra, otras veces con descuentos sobre el valor nominal. Oficialmente la cotización osciló entre los 87 y los 95 centavos por cada peso.
A fines de noviembre de 2002 empezó el canje de los Lecor y finalizó al año siguiente. El intercambio por la moneda oficial puso punto final a esta etapa de la crisis en la que 15 provincias y el estado nacional imprimieron sus propias monedas paralelas. En algunas funcionó mejor que en otras, en algunas circularon cantidades muy bajas, en otras -como Córdoba- hubo momentos en que fue la unidad de valor que más se veía en el comercio. Los economistas explican que este tipo de bonos tiende a circular con mayor velocidad porque la gente no les tiene confianza y entonces trata de sacárselos de encima cuanto antes.
Aunque la época de los bonos parece lejana, en la crisis del 2009 y el año pasado durante la pandemia hubo provincias que analizaron su lanzamiento e incluso un dirigente del banco Nación propuso algo parecido hace pocas semanas. ¿Las cuasimonedas se habrán ido para siempre?
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