Son horas decisivas para el futuro de la ley ómnibus. En el tramo final del debate en comisiones, el Gobierno nacional analiza cuánto ceder ante la oposición para alcanzar el dictamen.
Mientras tanto, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, convocó a empresarios industriales y fue contundente con un pedido a legisladores cordobeses para que no aprueben el artículo de las retenciones: "No voten absolutamente ninguna retención".
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Desde el Centro Cívico y acompañado por el ministro de Producción Pedro Dellarossa, el mandatario provincial sostuvo que la suba de las retenciones a las exportaciones que promueve el proyecto “lo único que hace es exterminar las economías regionales y evitar el incentivo para que pueda crecer el proceso de industrialización y empleo”.
“Con lo cual la meta fiscal que quiera tener uno con el sector nunca la va a lograr porque vos estás tomando una meta fiscal de un sector que está produciendo hoy que cuando le pongas esas medidas va a dejar de producir y vender. No vas a recaudar lo que pensás porque ese sector no va a existir más”, afirmó tajante.
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Llaryora insistió en que “defender la producción es defender también el plan fiscal para reducir el déficit”. “Defender a los sectores productivos es claramente hoy defender a la Argentina”, insistió.
Con énfasis, el gobernador cordobés subrayó que evitar “ese grave error de querer incrementar los derechos de exportación sobre los sectores agroindustriales es hacer una colaboración para evitar que la Argentina retroceda, rompa su tejido productivo, vuelva a cerrar persianas”.
Por eso, consideró que “el plan fiscal debe contener un plan productivo para que mientras se aplica el plan fiscal las fábricas puedan producir”. “Nadie puede recaudar si no tiene empresas y sectores que generen riquezas. Por eso acompañando a los sectores productivos de nuestra provincia les pido a todos nuestros legisladores en el Congreso que no voten absolutamente ninguna retención”, sentenció.
El pedido de las entidades empresarias de Córdoba
Mediante un recurso extraordinario presentado ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires solicitaron la suspensión de la medida cautelar que, "a instancias de la Confederación General del Trabajo (CGT), suspendió los efectos de la reforma laboral dispuesta a través del DNU 70/2023".
En un comunicado emitido, fundamentaron que "las entidades empresarias deben ser escuchadas tanto como las gremiales antes de tomar decisiones sobre la vigencia y validez de las normas laborales contenidas en el DNU".
"Queremos evitar que se imponga un freno a un cambio positivo y necesario para el desarrollo de la Argentina", señalaron.
