El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja se declaró incompetente para investigar el presunto "incumplimiento de los deberes de funcionario público" de varios importantes integrantes del último gobierno de Cristina Kirchner.
La causa es por la falta de ayuda a Córdoba durante el motín policial que derivó en la ola de saqueos de diciembre de 2013. En esa investigación estaban imputados el ex jefe de gabinete Jorge Capitanich, la ex ministra de Seguridad, Cecilia Rodríguez, y el exsecretario del área, Sergio Berni.
El hecho recayó en la fiscal federal Graciela López de Filoñuk, después de que durante el juicio que terminó con más de 50 condenas a policías amotinados, el ex jefe de gabinete de la tercera administración de José Manuel De la Sota declarara que la Casa Rosada ignoró los pedidos de ayuda del gobierno cordobés.
Oscar González había apuntado, sobre todo contra Berni, "una especie de ‘Rambo’ del tercer mundo". "Intenté comunicarme con él y no lo conseguí. Intenté comunicarme con Randazzo, ministro del Interior, y tampoco fue posible", aseguró.
Para el juez Vaca Narvaja, el incumplimiento de los deberes de los funcionarios habría sido cometido en la ciudad de Buenos Aires. Por eso giró el expediente hacia los tribunales porteños. En su resolución, el Juez diferencia “el lugar donde se consumó el delito” del “lugar en el que se produjeron los efectos” de ese delito. Vaca Narvaja precisa: “Los imputados prestaban servicios en el Poder Ejecutivo Nacional con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
En ámbitos políticos y judiciales surgió un fuerte debate a partir de esta resolución. Muchos se preguntan si no se supone que los funcionarios nacionales tienen que cumplir su deber en todo el territorio nacional. También se remarca que los efectos de la omisión de ayuda, que está bajo análisis, se dieron en la provincia de Córdoba y, por lo tanto, territorialmente sí sería competente la Justicia Federal de Córdoba.