La Justicia admitió como querellante a la Municipalidad de Córdoba en la causa por las habilitaciones falsas de Bomberos. Así lo decidió el fiscal Guillermo González, quien investiga el escándalo que salió a la luz la semana pasada.
Después de conocerse la detención de siete sospechosos, el municipio había solicitado acceder al expediente, entre otros aspectos, para conocer la cantidad de comercios que habían obtenido certificados de higiene y seguridad apócrifos.
Al aceptar al Gobierno municipal como querellante, el fiscal González aclaró que eso no implica que no se pueda investigar a funcionarios o empleados municipales.
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Hasta el momento hay siete detenidos acusados de asociación ilícita, entre ellos un bombero en actividad y dos bomberos retirados. El resto de los imputados son un efectivo que se desempeñaba en la subjefatura de Policía y tres especialistas en higiene y seguridad.
Según la investigación, los sospechosos habrían montado una especie de gestoría para conseguirles certificados de habilitación a grandes superficies comerciales. Supuestamente cobraban entre 200 mil y 500 mil pesos a cambio de esa documentación clave.
De la causa surgió que los papeles y los sellos eran oficiales pero tenían la firma fraguada. Un exbombero habría observado su firma en los documentos y denunció ante la Justicia.
Qué dijo el intendente
En medio del escándalo por la investigación judicial, el intendente Martín Llaryora pidió "que a los estafadores les caiga el peso de la ley".
"Cuando uno viola un trámite electrónico también estafa a todos los cordobeses", cuestionó Llaryora al referirse a los involucrados en la causa.