La tragedia de Luciano Aranda puso bajo la lupa de los cordobeses las políticas de seguridad eléctrica que deberían garantizar las diferentes esferas del Estado. Desde 2015 existe una ley provincial para tal fin, que recién entró en vigencia plena en diciembre pasado tras el caso Willington.
La electrocución de la que se salvó Javier Willington en barrio Jardín el 28 de noviembre pasado frenó la iniciativa del oficialismo provincial de prorrogar dos años más las exigencias de seguridad que la ley prevé para los privados y municipios de la provincia.
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Este proyecto de prórroga ingresó a la Unicameral el 22 de noviembre de 2021, con la firma de Oscar González, presidente provisorio de la Legislatura de Córdoba. Pretendía extender hasta el día 1 de diciembre de 2023 (en 2019 habían sancionado el primer aplazamiento por dos años) las obligaciones de los municipios, comunas y reparticiones públicas.
Cuatro días después ocurrió la descarga en un poste en la vía pública que electrocutó a dos perros y casi mata al hijo del exjugador de Talleres. Por ese hecho se dio de baja el tratamiento de la nueva prórroga y, tras vencerse el aplazamiento anterior, la ley entró en vigencia plena en diciembre.
La letra chica
La Ley N° 10281 de Seguridad Eléctrica para la Provincia de Córdoba se aprobó por unanimidad en la Legislatura provincial el 17 de junio de 2015.
En términos generales, la ley procura capacitar y registrar a los electricistas sin título habilitante; exigir condiciones mínimas de seguridad en casas particulares, comercios y edificios; y otorgarles a los municipios y comunas dos años para adherir a la norma y adecuar progresivamente las instalaciones en la vía pública.
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El 18 de febrero de 2016 el Boletín solo publicó el Decreto Reglamentario N° 1022/2015, tras lo cual comenzó a regir la “Reglamentación Técnica para la Ejecución y Verificación de Instalaciones Eléctricas” para que todos estos trabajos sean realizados únicamente por profesionales habilitados.
Esta parte de la ley madre entró en vigencia el 1 de diciembre 2017 y se esperaba que en el transcurso de los dos años siguientes los municipios, comunas y titulares de instalaciones de alumbrado público pudieran adecuar las instalaciones eléctricas de la vía pública a lo que exige la norma.
Pero eso no ocurrió: la Legislatura aprobó el 20 de noviembre de 2019 la prórroga por dos años (Ley N° 10670) para la puesta en vigencia plena de la Ley de Seguridad Eléctrica y, en 2021, el oficialismo procuró un nuevo aplazamiento pero el proyecto no avanzó.
Desde diciembre del año pasado la ley entró en vigencia en su totalidad y ahora sí los municipios y comunas deberán acondicionar el alumbrado público a las exigencias de seguridad que establece la legislación.
