Cristina Kirchner fue procesada por formar una asociación ilícita para desviar dinero de la obra pública de la Nación al grupo Austral Construcciones, de Lázaro Báez.
Además, el juez Julián Ercolini ordenó un embargo por 10 mil millones de pesos. También procesó a Julio De Vido, José López, Lázaro Báez y otros exfuncionarios kirchneristas.
El fallo detalla que se la acusa por haber "perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que estaban bajo la órbita de su responsabilidad".
La exmandataria declaró por esta causa en el último día de octubre en Comodoro Py. En su momento, intentó defenderse asegurando que los jefes de Gabinete son los que ejecutan y administran el presupuesto nacional.
Además, buscó escapar del proceso judicial y con eso intentó la nulidad en la causa. También aseguró que había persecución política de la Justicia hacia ella.