El fiscal federal Diego Luciani dio su alegato clave en el juicio oral y público por la obra pública de Santa Cruz y vinculó directamente con la corrupción a Néstor y Cristina Kirchner. La principal imputada en la causa es la vicepresidenta, que por primera vez siguió la audiencia de manera virtual.
“Este Ministerio Público Fiscal tiene acreditado que entre los años 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares", disparó en el comienzo de su fundamentación. Planteó que existió una organización que con una "figura de espejo" replicó en la clandestinidad "un organigrama del Estado".
Luciani añadió que "se trató de una asociación ilícita piramidal que tuvo en su cúspide a quienes fueron jefes de Estado y de la que participaron diversos funcionarios públicos".
En uno de los momentos más contundentes, subrayó: “Al asumir Néstor Kirchner la Presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país".
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El fiscal federal criticó duramente a la Oficina Anticorrupción que se retiró del caso y a la Unidad de Información Financiera (UIF), que pidió la absolución de Cristina Kirchner semanas atrás. Con este escenario, la Fiscalía a cargo de Luciani es la única que mantiene una acusación contra la vicepresidenta.
“Vamos a probar cómo los imputados planearon y ejecutaron esta maniobra que provocó perjuicio colosal al erario y a todos los argentinos. Por eso hemos solicitado 9 jornadas: queremos explicar, mostrar la verdad, y quizás necesitemos más audiencias”, indicó.
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Cómo sigue el juicio
Los jueces del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, intentarán que haya veredicto antes de fin de año. Los fundamentos se conocerían recién en 2023 y desde allí se abrirá la instancia de apelación, para recurrir a Casación y, en último término, a la Corte Suprema.
Así, los plazos judiciales excederían el cronograma electoral de 2023 y Cristina Kirchner no podría ser inhabilitada a participar como candidata. Desde el kirchnerismo, sobre todo en las últimas semanas, denuncian que la Justicia intenta proscribirla.
Vale recordar que el pedido de condena para funcionarios públicos suele incluir la inhabilitación para ejercer cargos. Para que eso suceda, la condena tiene que estar firme.
“Condena firmada”
Hace algunas semanas, la vicepresidenta Cristina Kirchner publicó un video en el que sostuvo que su condena ya está “escrita” y “a esta altura, hasta firmada”.
El presidente Alberto Fernández declaró como testigo y apoyó la denuncia de CFK: “La vicepresidenta ha afirmado que en una causa en la que se la enjuicia y en la que el fiscal aún no ha formulado su acusación, su sentencia ya está escrita. Esa afirmación pone en crisis la objetividad del sistema de justicia y la idoneidad moral de los miembros del tribunal”.
La causa
La fiscalía de Diego Luciani investiga irregularidades en 51 obras públicas que las empresas de Lázaro Báez debían realizar en Santa Cruz. Eso implica sobreprecios, licitaciones arregladas, falta de capacidad técnica y el pago total de los trabajos cuando muchos de ellos no fueron terminados.
La acusación implica delitos de asociación ilícita con Cristina Kirchner como la jefa de la organización y defraudación de la administración pública.
Además de Cristina Kirchner y Lázaro Báez, son juzgados Julio De Vido, exministro de Planificación Federal; José López, exsecretario de Obras Públicas; Carlos Kirchner, extitular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del expresidente Néstor Kirchner; Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas; Nelson Periotti, extitular de la Dirección Nacional de Vialidad; Raúl Daruich y Mauricio Collareda, exjefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, expresidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz.
El 11 de julio pasado comenzaron a leerse los alegatos por parte de la UIF, que había solicitado, a través de los abogados, la absolución de Cristina Kirchner y de los principales acusados porque consideraba “imposible” demostrar la existencia de la organización.
“Además de las dudas producidas en el debate sobre los sobreprecios, encontramos una absoluta orfandad probatoria al momento de probar una asociación ilícita”, había dicho el abogado Leandro Ventura.
La UIF pidió condena solo para los funcionarios de Santa Cruz. Consideraba que habían incumplido sus funciones porque informaron que las obras en esa provincia estaban terminadas cuando no era así. Contra Daruich, Collareda, Garro, Villafañe, Pavesi y Santibañez, el organismo pidió un año de prisión en suspenso y dos años de inhabilitación. No obstante, dejó que el tribunal decida sobre los exfuncionarios.
