La causa contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, por las presuntas licitaciones fraudulentas de obra pública entre el 2003 y 2015 tuvo la exposición del fiscal Diego Luciani, quien expresó que se habría montado "un aparato ilegal" para direccionar 51 construcciones en favor del empresario Lázaro Báez, a través de la empresa Austral Construcciones.
La firma estaba al frente del 98,3 por ciento de la obra pública de Santa Cruz porque aglutinaba a todas las empresas.
Por su lado, Mariel Fitz Patrick explicó el alegato de Luciani: "Afirma que 51 licitaciones a favor de Báez fueron una farsa. Habían sido obscenamente direccionadas en favor suyo y, a la vez, competía contra sí mismo ya que todas las empresas estaban vinculadas directamente con él. No había competencia ni control sobre eso. Hay pruebas físicas de esto".
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Además, la reportera manifestó: "De 51 contratos, solo se concretaron tres. 24 sufrieron demoras injustificadas y otros 24 fueron abandonados".
También reveló la existencia de mensajes que prueban que Cristina estaba al tanto y avalaba una operatoria para que le sacaran las obras a Báez de Santa Cruz, para que despidieran empleados y extinguieran Austral Construcciones, en el marco del operativo "Limpiar Todo".
Nicolás Wiñazki, por otra parte, enumeró los funcionarios afines al kirchnerismo que presionan a Luciani luego de que se expusiera públicamente. También hizo referencia a 30 transferencias que el Gobierno nacional le hizo a Austral Construcciones de Lázaro Báez y a que el mismo día le dio una mitad a la sucesión de Néstor Kirchner y la otra mitad a la sociedad anónima Hotesur, de la familia Kirchner.
Por último, el periodista Ignacio Otero enumeró algunas de las obras inconclusas de Austral Construcciones, llamadas como "las ruinas de Báez". Autopistas sin terminar, un depósito de maquinarias sin usar que luego se remataron. Rutas sin luz y con servicios aledaños que nunca se terminaron conforman el nefasto repertorio.
Corrupción costosa
En un material audiovisual especial, Lanata reveló que el costo de la "corrupción K" fue de 36 mil millones de dólares que, según economistas especializados, suman el 15 % de los fondos destinados a obras públicas y el 5 % de los subsidios.
"No hubiéramos necesitado un préstamo del fondo y las reservas del Banco Central serían el doble", expresó.
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