El Consejo de la Magistratura recuperó su conformación original, que contemplaba un equilibrio de sus integrantes, según había establecido la reforma constitucional de 1994.
En medio de un tironeo institucional por el control del organismo encargado de la designación, remoción de jueces y la administración de los fondos del Poder Judicial, el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, asumió la titularidad del Consejo y ordenó la asunción de los integrantes que faltan para completar el cuerpo.
La Constitución de 1994 había establecido que se dejará atrás el sistema de jueces designados por el presidente con acuerdo del Senado y pasar a un Consejo de 20 miembros, compuestos por representantes del Ejecutivo, el Congreso, el Poder Judicial, los abogados y el ámbito académico.
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En aquel Consejo, las representaciones eran: 45% poder político (Ejecutivo y Congreso), 45% jueces y abogados y 10% académicos. Y estaba presidida por el titular de la Corte Suprema. Comenzó a funcionar en 1998.
En 2005, la entonces senadora nacional y primera dama, Cristina Fernández, impulsó una reforma por la cual el Consejo se achicó de 20 a 13 miembros. Con estas proporciones: 55% poder político, 38% jueces y abogados, 7% académicos. Se eliminó la representación de la Corte.
Hubo varios planteos ante la Corte por violentar el espíritu que establecía la Constitución y el máximo tribunal resolvió recién en noviembre pasado que aquella reforma era inconstitucional. Dio plazos hasta el 15 de abril para dictar una nueva ley, caso contrario volvía la formación original.
Sin consensos
A las apuradas, el Senado dio media sanción a una nueva ley del Consejo de la Magistratura que respetaba las proporcionalidades pero dejaba afuera a la Corte. El proyecto no tuvo consenso en Diputados, ni siquiera en el bloque oficialista.
Fue así que hubo cruces intensos en las últimas horas, con duras quejas de la propia vicepresidenta Cristina Fernández, que llamó “la casta de la que nadie habla” al Poder Judicial y en especial a la Corte Suprema.
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Un juez federal de Paraná intentó frenar el fallo de la Corte, lo cual no está contemplado en el andamiaje jurídico argentino.
La Corte fue muy dura contra el magistrado entrerriano. Lo acusó de desconocer normas elementales del Derecho y lo denunció ante el propio Consejo de la Magistratura.
La Corte dispuso que se cumpla desde este lunes la resolución de noviembre. Así, Rosatti será el presidente, asumirán los representantes que faltan, y que ya fueron elegidos, de jueces, abogados y académicos. Y resta que el Congreso designe a dos miembros por cada cámara. Los cuatro corresponden a la oposición.