Proponen quitar planes sociales a quienes usurpen tierras

La diputada nacional cordobesa del PRO, Soher El Sukaría junto a otros legisladores presentaron un proyecto de ley para suspender la percepción de planes, prestaciones, programas o subsidios nacionales a quienes usurpen terrenos o propiedades.

El proyecto apunta tanto a personas como a organizaciones sociales que se encuentren condenadas por el delito de usurpación de terrenos privados o fiscales a nivel nacional. Además,  la iniciativa prohíbe la conexión de servicios públicos y esenciales en todos los casos en los que haya una denuncia judicial respecto de la toma de un predio, vivienda o complejo habitacional.

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Entre otros detalles, el proyecto macrista prevé que el fiscal que intervenga en la causa, deberá corroborar con las empresas prestatarias que la conexión de servicios se haya realizado de acuerdo con lo establecido. De lo contrario, se deberá solicitar su desmantelamiento. 

Junto a otros @prodiputados presentamos un proyecto de ley para suspender la percepción de planes, prestaciones, programas o subsidios nacionales a quienes usurpen terrenos o propiedades. pic.twitter.com/e20yGpBQtl

— Soher El Sukaria (@SoherElSukaria) September 22, 2020

“Señor Presidente, el Estado debe dar una respuesta a quienes necesitan una vivienda pero también debe asegurar que los derechos individuales de todos sus ciudadanos no se vean vulnerados o ultrajados”, expresó la legisladora. Para “poder hacer efectiva la medida en todo el territorio nacional, se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente legislación”, agregó el proyecto.

A principios de mes, se presentó un proyecto similar en la Provincia de Buenos Aires, pero este sería más amplio y a nivel nacional. 

Según explicó la autora del proyecto, “la grave crisis social y económica que estamos atravesando tiene consecuencias gravísimas en el crecimiento del crimen y la ilegalidad, como es el caso de las tomas de tierra”. En ese sentido, agregó: “Estas situaciones no solo vulneran el derecho primordial de protección de la propiedad privada sino que, además, generan profundos conflictos sociales y habitacionales allí donde suceden”.

En la iniciativa quedan exceptuados todos aquellos planes, programas, prestaciones o subsidios que estén directamente vinculados con el desarrollo, protección y cuidado de la niñez y la adolescencia.