Luego de la reunión mantenida por el gobernador, Martín Llaryora, y el ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer, con los directores de los 44 hospitales provinciales, la cartera sanitaria comenzó a implementar un nuevo mecanismo de evaluación de desempeño del personal médico de cada sanatorio.
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La premisa obedece al objetivo de "hacer eficientes los recursos humanos para mejorar el acceso a la salud de los cordobeses".
La medida se debe a una baja productividad del sector público contrastada con el sector privado, de acuerdo a lo comunicado por voceros de las autoridades provinciales. "En materia de ausentismo, hay hospitales públicos donde el porcentaje supera el 60%, cuando en el sector privado el promedio es del 8%", explicaron a modo de ejemplo.
Según el registro de prácticas y consultas en la historia clínica electrónica, "un médico del sector privado atiende un promedio de 20 consultas diarias, mientras que en el ámbito público el promedio fue de 8,3 consultas diarias en el año 2023".
Y agregaron: "Al vencer una importante cantidad de contratos el pasado 31 de diciembre y, bajo parámetros que tienen que ver con el ausentismo, productividad, justificación de inasistencias, desempeño y registro de la actividad médica en la historia clínica, se tomó la decisión de no renovar una parte de ellos y someterlos a evaluación".
"Estos parámetros de análisis se van a llevar también al ámbito del personal de planta permanente y monotributistas", agregaron.
De acuerdo a lo comunicado por la cartera de Salud, esta situación se da en un contexto salarial muy desfavorable para los trabajadores del sector privado en comparación con los públicos. "En el mes de diciembre un residente en el sector privado ganó $375.000, promedio, mientras que en el sector público su salario fue de $854.000 (básico más aguinaldo) en el mismo período", añadieron.
En la misma línea, detallaron que "una enfermera en hospitales públicos gana un 25% que una trabajadora con el mismo cargo que cumple sus funciones en el ámbito privado".
Por último, indicaron: "Estas medidas adoptadas buscan profundizar políticas de control puestas en marcha en los últimos años. Para llevarlas adelante el Gobierno analiza nuevos marcos legales. Para su definición, el Gobierno tiene la disposición de convocar a una mesa de diálogo con todos los actores del sistema sanitario".
