En el caso de que José López sea condenado, el dinero quedará en las arcas del Estado, pero su final no tendrá un fin social ni reparador de la conducta delictiva del exfuncionario. Su destino será el Poder Judicial de la Nación, según establece la ley.
Mientras avance la causa la plata quedará bajo la custodia del juez que investigue a López (podría ser Daniel Rafecas).
Ese juez tendrá a cargo la administración de los fondos que quedarán depositados en una cuenta del Banco de la Nación Argentina, según fija el artículo dos de la ley 20.785 sobre la custodia y disposición de los bienes secuestrados en una causa penal. Allí estarán los millones de dólares mientras se tramita el proceso.
En la Argentina, un expediente por corrupción dura un promedio de entre 12 y 14 años.
En caso de que López sea condenado y esa resolución esté firme, el dinero podrá ser decomisado, lo que implica que ya no le pertenecerá al acusado. Si eso ocurre, la plata pasará a integrar los fondos del Poder Judicial de la Nación.
La ley 23.853 sobre el presupuesto del Poder Judicial establece que parte de los recursos para sus gastos son los "efectos secuestrados en causas penales que no hayan podido entregarse a sus dueños" y los "objetos comisados".
