El martes, Pascual Catrambone quedó detenido e imputado de lesiones leves calificadas y privación ilegítima de la libertad, tras golpear a su pareja en su casa del country Fincas del Sur II. Allí estaba cumpliendo la prisión domiciliaria, luego de pagar una fianza de 10 millones de pesos, en el marco de la causa Surrbac. Este hecho de violencia de género desencadenó en un nuevo arresto.
El gremialista del sindicato de recolectores de Córdoba (Surrbac) se encuentra alojado en la UCA. Una vez que cumpla la cuarentena obligatoria por la pandemia del coronavirus podría regresar a la cárcel de Bouwer, donde estuvo alojado durante siete meses con Mauricio Saillén.
Ante esta posible situación y, considerando que su regreso al penal pone en peligro su salud como la de los otros internos por el Covid-19, los abogados de Catrambone peticionaron la prisión domiciliaria. Para ello, ofrecieron dos domicilios alternativos: su casa del barrio privado o la vivienda de su exsuegra Margarita Blanca Cabiedes (madre de su anterior esposa).
A pesar de que el fiscal Enrique Senestrari acogió al pedido, el juez federal Ricardo Bustos Fierros lo denegó. "Desde nuestro punto de vista fue de manera arbitraria, ya que argumentó que en Córdoba no hay tobilleras electrónicas para poder monitorear el seguimiento. Esto quiere decir que le atribuyen al imputado una responsabilidad estatal", cuestionó Eduardo Gómez Caminos, uno de los abogados en diálogo con El Doce.
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Por esta razón, manifestó que este viernes van a recurrir ante la Cámara Federal de Apelaciones. "Hay dos causas: una provincial (violencia de género) y la revocación que se realiza en la Justicia Federal. El mismo fiscal federal que ordenó la detención, nos dio la razón con respecto a la domiciliaria ya que hay que evitar la sobrepoblación carcelaria. Pero el juez federal nos la denegó, por lo que es muy contradictorio", continuó.
"Segundo, en la causa provincial, el fiscal lo imputó por el artículo 306, es una sospecha leve. No hay prueba suficiente para poder acreditar su detención. La fiscalía de la Provincia no pidió la detención, simplemente fue una imputación y todavía no fue indagado. El problema no se suscita en la causa provincial sino en la revocación de la resolución que le han hecho en la Justicia Federal", concluyó Gómez Caminos.