El compromiso asumido por el Gobierno ante las Naciones Unidas inquieta a las organizaciones árabes del país y a Amnistía Internacional. En una primera etapa, la Argentina espera recibir unas 300 familias de las 3000 mil que podrían llegar en los próximos años y hay poca información sobre cómo se aplicará el programa de ayuda.
Por el momento, el Gobierno instruyó a la Jefatura de Gabinete para que avance en un acuerdo con gobernadores, en el marco de las responsabilidades compartidas entre Nación y Provincias.
Las primeras conversaciones serán con los mandatarios de San Luis, La Rioja, Santiago del Estero, Catamarca, Salta, Buenos Aires y Tucumán. En estas provincias se concentra la mayor parte de las comunidades sirias de Argentina.
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Las asociaciones islámicas y fundaciones de colectividades advirtieron sobre la capacidad operativa real para hacer frente a la demanda de vivienda y empleo de los 3000 refugiados.
Por la incertidumbre, el presidente de la Confederación de Entidades Argentino Árabe de Argentina, Adalverto Assad, pidió un plan claro. "La implementación del programa Siria debe ser el resultado de una conjunción de acciones que aseguren la seguridad pública y fronteriza, la seguridad social, la vivienda, la salud, el trabajo y la educación. Nuestras organizaciones representativas tan sólo pueden aportar alguna contención básica”, advirtió.
