En abril de 2016, Ricardo Jaime se entregó en la sede de la Policía Federal de Córdoba, luego de que el juez Julián Ercolini ordenara su detención por la multiplicidad de causas en su contra: dos por malversación de fondos, una por enriquecimiento ilícito y otra por corrupción en la línea ferroviaria Belgrano Cargas. Desde ese día, cumple su condena en la cárcel de Ezeiza, Buenos Aires.
Este lunes, el ex secretario de Transporte de la Nación reconoció su culpa por su enriquecimiento ilícito y acordó con la fiscal de juicio Gabriela Baigún un juicio abreviado: cumplirá una pena de cuatro años de prisión y pagará una multa de 13 millones de pesos. También quedó inhabilitado, en forma perpetua, a ocupar cargos públicos y se le unificará la pena, ya que había sido condenado a ocho años de prisión por la tragedia de Once.
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Además, en caso de que el pacto sea firmado y homologado, el Estado se apoderará de los bienes embargados, como un barco, seis inmuebles y dos autos, con el objetivo de evitar el juicio oral y público.
Aquellos bienes que se vendieron durante la última década -un hotel en Córdoba, un departamento en la playa brasilera y varios autos-, a pesar de las prohibiciones judiciales, constituyen la multa acordada a pagar por el funcionario cordobés.
En medio de estas negociaciones, el megajuicio por estas causas se suspendió. Por esta razón, Jaime solo será juzgado por presunto delito en la compra de los llamados "trenes chatarra" a España y Portugal durante su gestión. El ya detenido ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido también se sentará en la banquillo de los acusados.