Altos jefes policiales, bomberos y penitenciarios forman parte de una extensa lista de escándalos en Córdoba. Este miércoles se conoció la detención de Gustavo Folli Pedetta, el exsubjefe de la Policía investigado por otorgar habilitaciones falsas a comercios de la capital.
Cabe recordar que Folli, de carrera dentro de la Dirección Bomberos de la Policía, hasta el 10 de diciembre se desempeñó como titular de Defensa Civil en la ciudad.
+ MIRÁ MÁS: Cárcel de Bouwer: hallaron celulares y drogas en el camión proveedor de carne
Por otro lado, en las últimas semanas un escándalo traspasó los muros de las cárceles cordobesas y llegó hasta el jefe máximo, Juan María Bouvier, que terminó preso después de 15 años en el cargo.
A estos casos se le suma la aberrante acusación contra el exdirector de Defensa Civil provincial, Diego Concha, detenido por el suicidio de una joven bombero que lo denunció por abuso sexual.
Los casos más resonantes
- Habilitaciones falsas
Este miércoles se conoció la detención de Gustavo Folli Pedetta por presunta asociación ilícita en la causa por habilitaciones truchas de Bomberos. También detuvieron a Sergio Sosa, subdirector de esa división policial. En el mismo caso hay otros siete arrestados, entre los que figuran bomberos e ingenieros en higiene y seguridad.
Folli fue director de Bomberos de la Policía, además de haberse desempeñado como subjefe de la fuerza de seguridad entre 2015 y 2019. Hasta el 10 de diciembre pasado estuvo a cargo de Defensa Civil en la Municipalidad de Córdoba.
El fiscal Guillermo González consideró que la organización investigada había montado una especie de gestoría para conseguirles certificados de habilitación a grandes superficies comerciales. La causa está en pleno proceso.
Gustavo Folli.
- "Mafia" tumbera
Después de 15 años como jefe del Servicio Penitenciario de Córdoba, el 12 de diciembre Juan María Bouvier fue detenido en una investigación judicial que sacude a todas las cárceles de la provincia.
Está imputado por asociación ilícita junto a otros altos exjefes penitenciarios. La causa está a cargo del fiscal Enrique Gavier, que advirtió que dentro de los penales “todo tenía su precio”. La investigación advierte sobre el ingreso de celulares y drogas, o manipulación de informes de conducta son algunos de los hechos alertados, entre otras acciones delictivas.
La pesquisa está en pleno desarrollo y el propio Gavier no descartó que haya ilícitos que se sigan cometiendo a partir de la organización que se había montado en el organismo.
Juan María Bouvier.
- Diego Concha
El extitular de Defensa Civil de la Provincia está detenido desde noviembre de 2021. Una de las causas es por el suicidio de Luana Ludueña, una joven que lo había denunciado por abuso sexual.
A raíz de ese episodio, Concha está acusado de homicidio con motivo del abuso sexual con acceso carnal calificado por haber sido cometido en ocasión de sus funciones.
En agosto pasado la fiscal de Carlos Paz, Jorgelina Gómez, pidió elevar a juicio la causa. La defensa se opuso a la resolución pero el Juzgado de Control terminó confirmando la decisión de la fiscalía.
A Concha también lo acusan de lesiones leves doblemente calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas calificadas por el uso de arma de fuego y coacción en perjuicio de otra mujer, su expareja, con quien convivió dos décadas. En prisión preventiva, aguarda el momento de responder en Tribunales.
- Caso Blas Correas
Un total de 13 policías fueron juzgados por el crimen de Valentino Blas Correas y el posterior encubrimiento. Dos de los efectivos, Lucas Gómez y Javier Alarcón, recibieron condenas a prisión perpetua por el asesinato del 6 de agosto de 2020. Otros 9 fueron condenados con penas de hasta 4 años de cárcel y a dos los absolvieron.
La causa alcanzó a Liliana Zárate Belletti, la jefa de Policía que ejerció esa función entre agosto de 2020 y el 15 de diciembre de 2023.
La Cámara Octava del Crimen pidió investigar a Zárate Belleti por su desempeño como directora de Recursos Humanos de la Policía cuando ocurrió el crimen de Blas. En la sentencia los jueces advirtieron irregularidades en la formación de los efectivos que cometieron el hecho y ordenaron indagar sobre el rol de la entonces titular del área.
Esa investigación quedó en manos de la Fiscalía Anticorrupción, sin grandes avances por el momento. En otro caso conexo es investigado el exministro Alfonso Mosquera por haberle cedido un auto al excomisario Gonzalo Cumplido.
- Narcoescándalo
Estalló en septiembre de 2013 durante la tercera gestión de José Manuel de la Sota por irregularidades en operativos antidrogas. La causa involucró a los jefes de la desaparecida división Drogas Peligrosas de la Policía provincial.
En mayo de 2016 el Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba condenó al exjefe Rafael Sosa a 3 años y 8 meses de prisión por violación de los deberes de funcionario público. En tanto que lo absolvió por las acusaciones más graves de asociación ilícita y privación ilegítima de la libertad.
Rafael Sosa.
En ese mismo momento quedó libre, sin embargo en 2019 la Cámara Federal de Casación agravó la pena contra Sosa y consideró que se trató de una asociación ilícita. De ese modo elevó la pena a 9 años de prisión. La causa llegó a la Corte Suprema de Justicia que en 2022 ordenó una revisión del fallo y la sentencia no está firme.
Por la misma causa, condenaron a Franco Argüello a 8 años de cárcel, mientras que el comisario Gustavo González fue sentenciado a 4 años. Por otro lado, Alfredo Seine y Fabián Peralta Dáttoli recibieron tres años y medio de prisión. La investigación se impulsó por la declaración clave de Juan Francisco "El Francés" Viarnes, condenado el año pasado por falsificar y distribuir dólares.
El narcoescándalo provocó la renuncia del entonces ministro de Seguridad, Alejo Paredes, y quien era jefe de Policía, Ramón Frías.
- Autoacuartelamiento policial
La protesta de efectivos de la Policía de Córdoba generó un clima de máxima tensión en la provincia el 3 y 4 de diciembre de 2013. Por esa situación 56 policías fueron a juicio pero ninguno a prisión.
De los imputados, hubo 52 efectivos condenados a un año y seis meses de prisión de ejecución condicional por incumplimiento en los deberes de funcionario público y por desobediencia. Los otros cuatro fueron absueltos.
- Julio César Suárez
Se desempeñó como jefe de la Policía entre diciembre de 2013 y 2015. El comisario general retirado fue detenido el 13 de julio de 2018 en Villa Rumipal pero cuatro días recuperó la libertad.
En ese momento le secuestraron un Audi A5 a su nombre. Ese vehículo tres meses antes había protagonizado un choque fatal y el conductor se había fugado. En el siniestro murió una niña de 8 años. En el procedimiento además incautaron armas no declaradas.
Julio César Suárez.
En marzo del mismo año Suárez fue condenado a dos años y dos meses de prisión de ejecución condicional por amenazas contra el periodista Dante Leguizamón.
Durante su gestión como jefe de la fuerza surgió una investigación en octubre de 2015 por el robo de 67 armas. Hubo cuatro comisarios detenidos que quedaron libres bajo fianza y la causa quedó en el olvido.
- Escándalo en Río Cuarto
Gustavo Oyarzábal fue jefe de la División Investigaciones de la Departamental Río Cuarto pero terminó condenado en dos causas muy resonantes: una por proteger a una organización narco y otra por avisarle de los allanamientos a la familia Vargas Parra, acusada por la desaparición de Nicolás Sabena en 2008 en esa ciudad del sur de Córdoba.
A Oyarzábal lo arrestaron el 7 de febrero de 2019, días después de que acribillaran a Claudio Torres, sindicado como el capo narco que recibía colaboración del investigador.
Gustavo Oyarzábal.
Por el narcolavado, el exjefe de Investigaciones fue condenado a cuatro años y diez meses de prisión. Mientras que en la causa derivada del caso Sabena acordó una pena a tres años y ocho meses de cárcel.
En septiembre de 2023 su defensa consiguió la libertad condicional para Oyarzábal, quien dejó la cárcel dos años antes de que finalice la condena unificada.
- Una causa archivada
El ex jefe de Policía Ramón Frías también estuvo alcanzado por una investigación judicial durante su gestión que transcurrió entre 2012 y 2013.
Fue imputado de abuso de autoridad en 2014, cuando ya había dejado el cargo. La investigación la había promovido el fiscal Anticorrupción, Gustavo Hidalgo.
Lo acusaban de haber designado a un civil sin contrato para realizar tareas en la División Transporte. Esa persona habría seleccionado proveedores de repuestos que terminaron sospechados por defraudación. En 2016 la jueza de Control Ana María Lucero Offredi planteó la nulidad del hecho y consideró que la causa no debía ser elevada a juicio.
