El escándalo por la financiera CBI Cordubensis se destapó en Córdoba el 14 de febrero de 2014 cuando hallaron muerto al vicepresidente de la entidad, Jorge Suau. El 27 de junio de 2019 la Justicia Federal dictó sentencia en el juicio que se siguió por delitos económicos y cuatro años más tarde decidieron agravar las condenas contra los responsables.
Eduardo Daniel Rodrigo, director de la financiera, había recibido una pena a siete años de prisión por intermediación financiera no autorizada, lavado de activos y evasión tributaria. El Tribunal Oral Federal N° 2 lo condenó junto a otros 13 imputados.
Ahora la Sala II Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a un pedido del fiscal Carlos Gonella y resolvió ampliar las condenas por asociación ilícita, una figura delictiva por la que los acusados habían sido absueltos en 2019.
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La resolución que se conoció el viernes alcanza a Rodrigo y a cuatro de sus principales allegados: Aldo Hugo Ramírez, Julio César Ahumada, Oscar Américo Altamirano y Daniel Arnoldo Tissera, precisaron fuentes judiciales.
La causa fue reenviada para que un nuevo tribunal convoque a una audiencia y fije las penas que correspondan con la intervención de todas las partes.
Qué comprobaron
Durante el juicio desarrollado entre noviembre de 2018 y junio de 2019, los jueces acreditaron que "bajo la apariencia legal brindada por la firma CBI Cordubensis se realizaron de manera sistemática y habitual millonarias maniobras de intermediación financiera no autorizada, lavado de activos y evasión".
En ese momento la fiscalía había solicitado una condena a 11 años de prisión para los acusados, pero el tribunal de primera instancia aplicó una pena inferior, descartando la figura de la asociación ilícita.
Ante tal decisión, Gonella recurrió a Casación donde los jueces Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques y la jueza Ángela Ledesma resolvieron a su favor.
A partir de mensajes de texto y el análisis de los movimientos de los imputados, el fiscal consideró que quedó "suficientemente acreditado el grado de organización entre miembros de Cordubensis S.A, tanto socios formales como no formales, y la utilización de la estructura lícita de una sociedad anónima para llevar adelante los fines delictivos".
