El tristemente recordado acuartelamiento policial, que provocó gravísimos saqueos durante el 3 y 4 de diciembre de 2013, llegó cuatro años y dos meses más tarde a la Justicia. Los acusados son 56 policías, que están imputados por desobediencia e incumplimiento de los deberes públicos.
El fiscal Raúl Garzón, que llevó a cabo la investigación desde los inicios, explicó la acusación: "Los hechos son los que dieron lugar al levantamiento, desde el primer grupo que desoyó las órdenes de retomar las tareas y patrullar la ciudad e instigó al resto a que se sumaran". En ese sentido, resaltó que por el momento son 56, pero más agente serán juzgados "más adelante".
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"Los principales que comenzaron la revuelta tienen una pena de 2 a 6 años de prisión", agregó el fiscal, que a su vez destacó la labor de los policías que sí trabajaron aquella noche: "No todos fueron iguales, esos fueron un ejemplo".
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La defensa
En el comienzo del juicio, el abogado Miguel Ortiz Pellegrini dio un largo discurso en el que argumentó por qué los agentes no deberían ser juzgados. "No es la foto de aquella situación, de que no se cumplió una orden verbal de un policía. Es un proceso en el que se mezclan reclamos justos, como el salario, y cuestiones políticas: el kirchnerismo puso gente que circulaba en camiones o camionetas con palos y rompía las vidrieras para instar al saqueo", advirtió.
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Inclusive pidió que declare la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, "que dijo 'que los cordobeses se cocinen en su salsa'".
El defensor, que actuó de mediador en la negociación entre el entonces gobernador De La Sota y las esposas de los policías, reivindicó el reclamo por mejores sueldos: "¿Cómo vamos a juzgar a 58 por pedir lo que cobran 25 mil policías? Si son tan malos, no tendría que haber aumentos. Si se lo dieron reconocieron que esto era justo".
