El Gobierno de Córdoba deberá indemnizar a una maestra de grado (a la fecha fallecida), con 20 años de ejercicio en la docencia, por una incapacidad laboral definitiva del 17,70% de la total obrera, más un 20% en concepto de daños extras tarifarios.
Además, la Provincia fue condenada a pagar un interés del 4% mensual sobre la suma adeudada por su "conducta procesal maliciosa y temeraria" al negarse a abonar en su momento.
La mujer tuvo lesiones en sus cuerdas vocales que le provocaron una “disfonía funcional irreversible” por un uso excesivo de la voz. Debido a su fallecimiento durante el proceso judicial, serán sus herederos quienes recibirán la indemnización.
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El camarista Marcelo Salomón, de la Cámara Única del Trabajo de Villa María, consideró que “nunca deberían llegar hasta esta instancia procesal” y cuestionó al Estado de "obligar a la trabajadora a peregrinar para obtener la prestación" y lamentó que la víctima haya sido privada "de recibir –y disponer a su criterio- en vida el importe correspondiente a su indemnización”.
También sostuvo que "es el propio estado provincial, quien debería ser el primero en cumplir las normas" porque de lo contrario "pierde su esencia legal de autoridad para reclamar a los particulares el cumplimiento de la ley".
