Un productor agropecuario fue condenado por la Justicia de Río Cuarto por explotación de trabajo infantil. El acusado sometió a un menor de edad, de 15 años, a jornadas laborales diarias de más de 10 horas y sin darle dinero a cambio.
Román Claudio Ardusso, hijo del dueño de un campo, recibió la pena de dos años de prisión de ejecución condicional, por lo que no irá a la cárcel.
En la sentencia el productor fue culpado también por negarle la educación al adolescente.
Cuestión de fondo
Más allá de la explotación al menor de edad, identificado como “R.”, la situación también implica a toda su familia.
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Según determinó la investigación los padres del adolescente y dos de sus hermanos se trasladaron hacia el establecimiento rural “El Caldén” ubicado en una zona rural de la localidad de Ucacha, provincia de Córdoba.
Allí sus familiares habían acordado que prestarían servicios como empleados a excepción de R, quien debía ir al colegio. Sin embargo, cuando la familia ya estaba asentada y trabajando, el productor condenado le informó que el niño no iría a la escuela porque “no contaban con los medios necesarios para el traslado”.
Pasado un tiempo de esa primera irregularidad el adolescente fue obligado a empezar a trabajar.
Explotación
El fallo judicial de la Cámara en lo Criminal y Correccional de 2° Nominación de Río Cuarto indicó que “se aprovecharon económicamente del trabajo del niño” con tareas de cortador de pasto; cuidar los “guachos” en la guachera; trabajar con la desmalezadora; sacar rollos con grandes tractores; y descargar camiones con cargas de algodón y maní.
Pero además, los trabajos no eran remunerados correctamente ya que Ardusso, el productor condenado, le daba a la familia “carne” como alimento a cambio de su trabajo.
El productor condenado no le pagaba y a cambio le daba “carne”
La explotación del trabajo infantil comenzaba desde las 6 de la mañana hasta las 12 y desde las 14 hasta las 20:30. Sin embargo el horario ni siquiera era fijo ya que dependía del trabajo a realizar y en ocasiones las jornadas eran aún más extensas.
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La situación duró desde abril del 2016 hasta el 24 de enero de 2017, cuando un miembro del sindicato de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y de la Estiba (UATRE) encontró al adolescente realizando tareas de parquero, fumigación de alambrado y parqueado de casco en el establecimiento.
Además, el sindicato constató que el trabajo del menor se desarrollaba a la intemperie, con el uso de herramientas de riesgo y estaba expuesto a otros peligros para su salud.
La sentencia se dio tras un juicio abreviado en la que el productor condenado reconoció los hechos por los cuales se lo acusaba.
