El geriátrico Santa Lucía de Saldán, ahora clausurado, fue sede del primer brote de COVID-19 en Córdoba. Mientras avanza la investigación para analizar lo ocurrido, el fiscal Andrés Godoy, a cargo de la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria, imputó a dos médicos.
Uno de los imputados es Lucas Figueroa, doctor de cabecera del PAMI en la localidad y que dio positivo en coronavirus. A pesar de que era asintomático, se hizo un test y su caso generó el alerta. El fiscal lo acusa por "propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”, más allá de que aún no se sabe si él mismo contrajo el virus porque alguien lo infectó dentro de la residencia.
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El segundo imputado es el director médico del geriátrico, Marcelo Santiago Lázaro, por el presunto delito de “propagación culposa de enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”, agravada por el resultado de enfermedad y muerte, en calidad de autor.
Tras conocerse la decisión, el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba emitió un duro comunicado en el que repudia lo ocurrido y lanza duros cuestionamientos contra el fiscal.
“Cuando todos estamos poniendo nuestra energía en esa batalla (la lucha contra la pandemia), debemos desviar la mirada para ver con estupor, indignación e impotencia, como un fiscal ha imputado a dos colegas médicos que cumplían funciones en el geriátrico Santa Lucía de la localidad de Saldán”, expresa el documento.
Además, lanzaron la crítica de que “criminalizar a los profesionales no parece el mecanismo adecuado para encontrar la verdad” y aseguraron que este tipo decisiones alteran la visión de la sociedad, “pasando del aplauso a pretender encarcelamientos”.
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“Nos parece bien que se investigue lo ocurrido, pero lo que repudiamos enérgicamente es que la justicia decida ser rápida, sin considerar los hechos en el contexto adecuado”, agregaron e hicieron hincapié en que cualquier médico está expuesto al contagio en estas situaciones, así como también quienes cumplen tareas esenciales.
“El fiscal abrió con su imprudencia e inexplicable velocidad procesal, una puerta muy difícil de cerrar, la del miedo y la estigmatización y sus consecuencias son impredecibles”, denunció además el Consejo de Médicos en la carta firmada por su Junta Directiva, en la que afirman que esta “Ha sido la peor noticia que podíamos recibir en el peor momento”.
Quien también expresó su repudio fue la Asociación de Médicos de la República Argentina, que tituló su carta con una contundente frase: "Los médicos no somos asesinos".