Este miércoles, el Senado de la Nación decidirá si la despenalización del aborto se convierte en ley. Si bien todo indica que se impondrá el "no", se espera una jornada con un debate extenso y una importante movilización en las calles.
En ese marco, desde la Agencia universitaria de comunicación de la Ciencia, el Arte y la Tecnología (Uniciencia) informaron que en Córdoba solo tres médicas realizan la interrupción legal del embarazo en casos de violación y riesgo de vida o salud de la mujer.
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Tal como se lee en la publicación, el Código Penal reconoce ese derecho en esos casos puntuales, pero en nuestra provincia un amparo de la asociación Portal de Belén lo dejó en suspenso.
Entrevistada por la UNC, Gladys Ponte, docente de la Facultad de Medicina (UNC) e integrante del Departamento de Salud Reproductiva de la Maternidad Nacional, analizó el problema. “Yo soy católica, voy a misa. Pero nunca vi a nadie acompañando a esas mujeres. Con algunos compañeros hemos pasado hasta doce horas al lado de la cama de una mujer que sabíamos que se iba a morir, viendo qué más podíamos hacer por ellas”, aclaró antes que nada.
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Sobre las mujeres que deciden abortar, destacó que nunca las culpó y recordó sus investigaciones sobre los motivos que llevaban al aborto: "La pobreza era lo primero, y la no posibilidad de controlar su anticoncepción. Las mujeres estaban a la deriva”.
Dura realidad
Ponte prefiere resguardar el dato confidencial sobre la cantidad de abortos que se realizan en la Maternidad, aunque aclara que entre ellas siempre hay menores: "Ha habido muchísimas a las que se les ha podido resguardar el material genético. Son causas judicializadas y a veces se ha podido condenar a los abusadores. También llegan mujeres adultas que no quieren denunciar. Si no denuncia, nosotras hacemos la intervención igual. Hay muchos casos de violaciones, situaciones de violencia sexual, por ejemplo en el predio de la Ciudad Universitaria". A continuación, reproducimos lo más destacado de la entrevista:
- ¿Y en esos casos, cuál es el procedimiento para poder intervenir?
- Nosotras tomamos una declaración jurada, que testimonie que esa mujer ha sufrido una violación y que producto de eso se ha generado un embarazo, y por lo tanto viene a reclamar el derecho a la interrupción legal. Confiamos en ellas ¿Por qué? Porque no creemos que ninguna mujer que haya sido sometida a una violencia sexual venga tan alegremente a contar sus cosas. Y si viene del Polo de la Mujer, nosotras no la revictimizamos. Tenemos el oficio y nada más. No le preguntamos cómo fue el hecho, porque a nosotras no nos interesa revictimizar a las mujeres. Aceptamos que esto es lo que están reclamando y ya está.
- Confían en la palabra de la víctima
- Exactamente. ¿Por qué yo voy a poner en duda esa situación?
- ¿Y por causal salud?
- Sí, también trabajamos con la causal salud, que es el inciso 1 del artículo 86, en donde no hay ningún amparo, ni ninguna cosa. Por ejemplo, si una mujer tiene cáncer de mama y embarazo, y para hacerle la quimioterapia hay que interrumpirlo, vamos por el inciso 1. O, por ejemplo, en el caso de los acráneos (malformaciones fetales), en los que nadie quiere intervenir. Ahora en el proyecto de ley de la interrupción voluntaria del embarazo está la discusión sobre estos casos, y sobre el término en el que es legal practicar una interrupción de ese embarazo. Nosotras, por protocolo nuestro, vamos por el primer trimestre. Entre las 12 y las 14 semanas, tal cual lo dice la Organización Mundial de la Salud.
- ¿Cómo es la relación con los servicios provinciales?
- En el caso de los abusos, la Provincia conoce perfectamente la problemática, porque hay muchas personas que deciden ir al Polo de la Mujer a denunciarlos. Entonces esas personas declaran y eso queda asentado como situaciones penales, porque el abuso es un delito. Desde ahí, si hay voluntad de interrumpir un embarazo producto de ese abuso, las derivan a la Maternidad Nacional. Mi mirada es esta: la Provincia tiene el Polo de la Mujer, el Poder Judicial, la Senaf; los delitos son en territorio provincial, y todos saben que la interrupción del embarazo producto de ese delito está amparado en el Código Penal. Pero, como está el amparo de por medio, dicen: “No, nosotros somos objetores de conciencia, las pecadoras son aquellas que están allá, entonces vaya a la Maternidad”. Mandan los oficios de los juzgados acá. Cuando ellos deciden que hay que hacer resguardo de material genético para pruebas de ADN, lo hacemos nosotras. ¿Y quién viene a buscar los materiales? La Policía Judicial. ¿Y en qué vienen, disimulados? No, en el camión grande de la Policía Judicial.
- Es un secreto a voces, digamos
- Claro. En Salta y Tucumán no aplicaron el protocolo y tuvo que intervenir la Justicia. En Córdoba nunca va a saltar este problema, por el trabajo que hace nuestro grupo dentro de esta institución. Además, por el resguardo del secreto profesional y el respeto a las mujeres, jamás vamos a poner en evidencia quiénes son las que vienen con nosotras".
