La Justicia destinó diferentes recursos incautados de actividades ilegales como el narcotráfico a la lucha contra el coronavirus. En el último mes, se pusieron a disposición 11 millones de pesos, 60 automóviles, dos hoteles y otras propiedades.
La emergencia sanitaria declarada producto de la pandemia aceleró los procesos burocráticos y judiciales ante la necesidad de destinar más dinero al sector de salud. Los bienes como los autos e inmuebles están a disposición de ser subastados.
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Pero entendiendo que la situación económica puede derivar en estancamiento de los mismos a la espera de las subastas, las autoridades estatales pueden hacer uso de ellos de ser necesario. En cuanto al efectivo secuestrado, es directamente inyectado al circuito sanitario como en el caso de los 11 millones, que serán destinados al Hospital Perrando en Chaco, lugar donde fue llevado a cabo el secuestro del dinero.
La Justicia está basando su accionar en el artículo 305 del Código Penal de la Nación, el cual especifica que "los activos que fueren decomisados serán destinados a reparar el daño causado a la sociedad, a las víctimas en particular o el Estado. Solo para cumplir con esas finalidades podrá darse a los bienes un destino específico".
También se aplica el DNU decretado por Mauricio Macri por el cual se puede dar la extinción de dominio en bienes fruto de actividades ilegales.