¿Hace falta hacer un curso para saber que no hay que matar a un detenido?, preguntó el periodista Jorge Cuadrado.
Pedro Despouy, abogado de tres policías detenidos por el crimen de Jonatan Romo, respondió: “Lo que ocurre aquí es que no hablamos de personas que quisieron matar dolosamente a alguien”.
Y siguió: “Aquí estamos frente a un escenario que no supieron resolver técnicamente conforme a las reglas que establece el protocolo (salud mental) y deberían conocer con carácter obligatorio el 100 por ciento del personal policial”.
El asesinato del hombre de 36 años en La Falda provocó un estallido en Jefatura de Policía de la Provincia. Por el hecho, cinco suboficiales y un subcomisario quedaron detenidos y tres altos jefes fueron desplazados.
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Las críticas por las débiles capacitaciones y faltas de controles suman más voces. Julio Faría, separado de su cargo como director general de Recursos Humanos tras el homicidio, denunció falencias dentro la fuerza de seguridad.
Lo mismo hizo el defensor de tres de los policías acusados por homicidio agravado. Además, denunció complicidad entre policías: muchos lo hacen por encargo: “Le dan el DNI para que ingresen a la plataforma y aparecen como aprobado”.
Según reveló Despouy, sus defendidos desconocen el protocolo de intervención ante situaciones de riesgo cierto e inminente en salud mental. “Es uno de los cursos que debieron hacer, pero dicen que no lo conocen, no lo hicieron, ni teórico ni práctico”, aseguró en Arriba Córdoba.
También cuestionó que una persona quiso ingresar el 15 de julio para realizar el curso de formación y le apareció un cartel informando que ya no estaba vigente. Tres días después volvió a intentarlo y figuraba otra leyenda: se abrió el 6 de junio y cerrará el 30 de diciembre.
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