“El imputado Walter Ezequiel Gil y otras personas, hasta el momento no identificadas habrían organizado el secuestro extorsivo de Santiago Aguilera Allende“, es la premisa de la que parte la investigación por el aberrante crimen del joven de 18 años en el valle de Traslasierra.
Los mensajes destinados a los padres de Santiago exigiendo una suma de dinero a cambio del rescate posaron las sospechas sobre Gil, el único detenido en el caso. Los investigadores aseguran que es el responsable de la comunicación entre los captores y la familia Aguilera Allende. El acusado era empleado del padre de la víctima en un corralón en Villa Dolores.
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Para el abogado Juan Manuel Aguirre Martínez, representante legal de los familiares de la víctima, "hay elementos suficientes en esta etapa para entender que esta persona está comprometida en el hecho“. En diálogo con ElDoce.tv, consideró que Gil “tuvo una importante intervención” y que “sin su participación el hecho no se hubiera cometido”.
Según la investigación del fiscal federal Enrique Senestrari, el imputado contactó a Santiago el martes 16 de agosto en horas de la tarde para invitarlo a tomar algo esa noche. El funcionario señaló que Gil, en su auto, buscó a la víctima “con otras personas” por el paraje Chuchiras (Las Tapias) y lo privaron de su libertad hasta que lo asesinaron el sábado 20. El cuerpo fue hallado el domingo 21 camino a Boca de Río, en las afueras de Villa Dolores.
Desde el teléfono de la propia víctima, los captores enviaron mensajes de texto y de WhatsApp a la madre del joven. Le advirtieron que el chico estaba secuestrado y pidieron 7 millones de pesos para liberarlo. No hubo nuevas comunicaciones y la negociación concluyó. Para los pesquisas, los datos obtenidos para la exorsión fueron aportados por Gil, a quien detuvieron el jueves 18.
Afirmaron que el detenido tuvo un “rol clave” en el caso, pero dejaron en claro que no es el único responsable. Destacaron que la fiscalía acumuló “gran cantidad de información”, sin embargo hasta el momento no se dispusieron nuevas imputaciones.
En este sentido, el abogado querellante Aguirre Martínez recalcó: "Sabemos que hay más de una persona que ha participado de este hecho delictivo y sería muy bueno que la sociedad toda de Traslasierra y las personas que tengan conocimiento respecto del tema lo aporten".
Cómo seguirá la causa
La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba debe resolver sobre el planteo de incompetencia que realizó el juez federal Alejandro Sánchez Freytes el pasado 27 de septiembre. El magistrado consideró que la causa debe ser remitida a la Justicia provincial e investigarse en la Fiscalía de Instrucción de Villa Dolores.
Ante la resolución del juez Sánchez Freytes, tanto el fiscal Senestrari como la querella presentaron recursos de apelación y aún esperan una definición de la Cámara.
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"Un eventual cambio de la dirección técnica de la investigación, aparejaría su indefectible retraso“, argumentó Aguirre Martínez en diálogo con ElDoce.tv. Y añadió: “Esto iría en detrimento del descubrimiento de la verdad tanto en el orden de la comprobación y acreditación de la conducta de quien ya se encuentra imputado y detenido, como así también la individualización e identificación de otras personas que hayan podido tomar parte en el hecho".
En su planteo, Sánchez Freytes fundamentó que los secuestros extorsivos deben investigarse en la Justicia Federal cuando pusieran en riesgo la seguridad nacional. Sobre el caso de Santiago Aguilera, indicó que “posee una estricta motivación personal o individual” y que no resulta afectado “ningún interés federal”.
