Instituciones y personal que asiste a personas con discapacidad denunciaron que hace seis meses que el Estado nacional no les paga y que están en una situación límite porque hay vidas en riesgo.
“El abandono de personas es un delito de omisión que consiste en poner en peligro la vida o la salud, de una persona incapaz de valerse por sí misma, derivada de la colocación en situación de desamparo o del abandono por parte de quien tiene la obligación de mantenerla o cuidarla”, explicaron en un comunicado suscripto por varios centros del centro y norte del país.
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Agregaron que están en contacto diario con “el grupo más vulnerable de los sectores más empobrecidos de la población”.
Explicaron que no sólo hace seis meses que no cobran sino que tienen una desactualización de la cápita del orden del 40 por ciento.
“Cuando el sistema colapse y se anuncie que los discapacitados están tirados en la calle o infectados con el Covid-19, ¿la responsabilidad será nuestra, de quienes trabajamos allí, de los prestadores?”, se pregunta el documento.