Alfredo Díaz, docente y vocal titular de la Delegación Capital de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc), quedó detenido a fines de agosto y es investigado por consumir y distribuir material de abuso sexual infantil a través de internet.
En el marco de una serie de allanamientos en Córdoba, también cayeron otros tres hombres (community manager, metal+urigoc y un tercero cuya profesión se desconoce). Están imputados por supuesta facilitación de representaciones de abuso y explotación sexual infantil, agravada por la presencia de menores de 13 y tenencia de representaciones de abuso y explotación sexual infantil, agravada por la presencia de menores de 13.
El fiscal de cibercrimen, Franco Pilnik, explicó en Arriba Córdoba que integran una red internacional de pedofilia, aunque por el momento “no está probado que hayan producido material en Córdoba”.
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Sobre esta red, Pilnik detalló que “en este caso tiene que ver con sistemas relacionados para compartir archivos, como cuando se bajaban series o películas, y utilizan estas herramientas que pretenden consumir material que involucra a menores en actividades sexuales”.
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El gremialista acusado habría utilizado esos programas de descarga de imágenes y los archivos habrían sido guardados en su computadora o celulares. Luego habría distribuido esos contenidos a otros usuarios mediante internet.
Respecto a la distribución, el fiscal aclaró que “este tipo de redes no cobra, no hay un fin de lucro sino compartir material”. Además, lamentó que la “escala penal para el distribuidor es la misma para el productor, sin perjuicio que el productor a su vez podría haber cometido otro delito como un abuso sexual o corrupción de menores”. “Es la misma y es una falla en la ley”, sentenció.
La decisión de Uepc
En medio del escándalo, el gremio que nuclea a docentes de la provincia de Córdoba "repudió y condenó los hechos" y exigió que la "Justicia actúe en pos del cuidado de los derechos de niñas, niños y jóvenes".
Además, informó que la Junta Ejecutiva Central de Uepc dispuso "la inmediata suspensión de la afiliación a la organización y el cese de las funciones gremiales" de Alfredo Díaz.
Operativo
La investigación surgió en el marco de la Operación Internacional Aliados por la Infancia, que tiene como objetivo combatir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
Se trató de un trabajo en conjunto con la Embajada de Estados Unidos en Argentina, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y el Ministerio Público Fiscal de Ciudad de Buenos Aires (Caba), entre otros organismos.
En total, se realizaron 61 allanamientos en 16 provincias (Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego) y 89 a nivel internacional (Brasil, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Paraguay y Puerto Rico)
