Llega a su fin el juicio contra Ignacio Martín (22), médico trucho que formó parte del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) durante la pandemia. Este lunes iniciaron los alegatos y la fiscal de Cámara del Crimen de Río Cuarto, María del Rosario Fernández López, solicitó nueve años de cárcel.
Martín está acusado por siete delitos, entre ellos homicidio por dolo eventual por la muerte de un paciente. En la primera audiencia, tomó la palabra y las cámaras de El Doce registraron el instante en que pidió perdón, señaló a varios médicos como responsables de su designación y aseguró que autoridades de la ciudad del sur y del COE sabían que no era profesional de la salud.
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Desde hace dos años está preso en Río Cuarto. Está imputado de homicidio simple por dolo eventual, lesiones graves, ejercicio ilegal de la medicina, uso de documentación privado falso, defraudación calificada reiterada, falsedad ideológica reiterada continuada y defraudación calificada en grado de tentativa.
Los alegatos se reanudarán el próximo 4 de septiembre debido a problemas de salud de uno de los integrantes del tribunal. Se espera que el médico trucho haga uso de su última palabra antes de conocer el veredicto.
Los alegatos de la fiscal de Cámara
En la acusación, Fernández de López sostuvo que el imputado “ejerció la profesión de médico integrante del COE, rol para cuyo ejercicio no contaba con ningún título habilitante y al que accedió fraudulentamente aprovechándose del error en el que se hallaron sumidos estamentos superiores del estamento administrativo del área municipal, como así también familiares y víctimas de los hechos aquí tratados”.
“Ignacio Martín aceptó su nombramiento como jefe del COT (Centro de Operaciones Tácticas), que solo podía ser desempeñado por un médico. Por ello puede inferirse que para la realización de su plan, el acusado Martín conocía los términos que afrontaba que consistían en un grave riesgo para el tratamiento de los pacientes con Covid o con contactos estrechos sin contar con los conocimientos necesarios”, sostuvo la fiscal de la Cámara del Crimen.
Sobre la muerte del Nicolás Bertol (29), paciente al que atendió en su domicilio de Río Cuarto, María del Rosario Fernández de López remarcó que se encuentra “con un claro supuesto de dolo eventual se representó el resultado de muerte como posible y aún así ignorándolo continuó con su obrar”.
“Los elementos de prueba tienen la suficiente capacidad para denotar que Martín conocía el grave peligro de su accionar y que accedió a un conjunto de datos que le permitían percatarse del cuadro de salud que presentaba Nicolás Bertol cuya atención le había sido asignada en su carácter de jefe de médico del COT en la errónea creencia que había logrado instalar”, continuó.
La fiscal insistió en su alegato que Ignacio Martín, “con plena conciencia de que carecía de la formación profesional decidió no derivar su atención a los médicos y atender él dicha urgencia haciéndolo una hora y media más tarde del horario en que Pérez Villarreal lo comisionó y le envió el mensaje”.
“En la creencia de quizás en ese tiempo a raíz de su demora los familiares llamarían al servicio de emergencia o que no había más nada que hacer para asegurar la continuidad de su fraudulento plan de trabajo a una costa de crear un riesgo no permitido por privarlo de una correcta praxis médica que implicó que no pudiera ser tratado oportunamente y que esto produjera su muerte a raíz de un paro cardiorrespiratorio”, subrayó.
La fiscal de Cámara Fernández de López también dijo que “quedó fehacientemente acreditado que el imputado nunca cursó la carrera de medicina ni había culminado sus estudios como técnico superior de emergencias médicas”.
Y destacó que las pruebas recolectadas y presentadas “demuestran el desprecio por el resultado de la desidia con la que actuó a sabiendas de que afrontaba una situación de elevada peligrosidad que permite atribuirle al acusado su accionar a título de dolo eventual”.
